Impulso contra la corrupción

No puede afirmarse que haya falta de sintonía entre el claro y rotundo mensaje de Su Majestad la pasada Nochebuena, apelando a erradicar la corrupción «de raíz y sin contemplaciones», y la voluntad expresa del Gobierno de Mariano Rajoy en hacer de ese planteamiento uno de los principales objetivos de la legislatura. De hecho, con un poco de buena voluntad por parte del principal partido de la oposición, el PSOE, ya estarían en vigor varias de las reformas legales planteadas por el Ejecutivo, para cuya elaboración hubiera sido muy deseable alcanzar el mayor consenso político posible. Al fin y al cabo, se trata de modificar un corpus legislativo de la importancia de La Ley de Enjuiciamiento Criminal – vigente desde hace más de un siglo– y del Código Penal, o de blindar la finaciación de los partidos políticos frente a prácticas abusivas. Si bien el cambio en la Secretaría General socialista y la campaña para las elecciones europeas se aducen como causas coadyuvantes del retraso, lo cierto es que el nuevo líder del PSOE parece haber encontrado más rentable electoralmente utilizar la lacra de la corrupción como arma política arrojadiza, que llevar a buen término el proceso negociador de las reformas. Nada hay que oponer a la elección de una u otra estrategia por parte de Pedro Sánchez, aunque se corre el riesgo, como ocurrió con la inauguración del Portal de la Transparencia, de quedarse fuera de foco en la apreciación de los ciudadanos. En cualquier caso, desde el Partido Popular se ha tomado la decisión, como hoy publica LA RAZÓN, de acelerar al máximo la aprobación del paquete de medidas contra la corrupción, se obtenga o no la colaboración de los socialistas, con el propósito de enviar un mensaje tajante al electorado del compromiso gubernamental con la regeneración pública, que es, asimismo, una manera de reforzar la estabilidad política de nuestra democracia, puesto que la corrupción se emplea como argumento desestabilizador por parte de los movimientos populistas enfrentados al sistema. Y así, aunque se mantienen las negociaciones entre la mayoría parlamentaria y los demás grupos, el presidente del Gobierno ha dado orden de que se recurra a la «letra pequeña» del reglamento de la Cámara legislativa para adelantar el comienzo de la actividad parlamentaria al mes de enero, concretamente al día 9, y facilitar que se promulguen el nuevo Estatuto del Alto Cargo Público y la nueva Ley de Financiación de los Partidos Políticos antes de que termine el mes de marzo. A estos dos instrumentos le seguirán la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la del Código Penal. Mariano Rajoy dispone de una cómoda mayoría absoluta para culminar el proceso de regeneración pública que demanda la sociedad española. La oposición no debería perder esta oportunidad de mejorar las cosas.