La democracia no puede tolerar los homenajes a los terroristas

Rafael Díez Usabiaga, ex secretario general del sindicato proetarra LAB, sale hoy de prisión. Fue condenado en 2011 por un delito de pertenencia a organización terrorista en grado de dirigente. Es el último de los cinco cabecillas de la izquierda abertzale sentenciados en el «caso Bateragune», el intento de reconstruir la ilegalizada Batasuna por orden de ETA, que todavía permanece en la cárcel. La Audiencia Nacional falló penas de entre ocho y diez años de cárcel, que posteriormente fueron rebajadas por el Tribunal Supremo. Díez Usabiaga, como Arnaldo Otegi –también procesado en esta causa– no era un personaje más en el complejo universo etarra, sino una pieza clave en los peores años de la actividad sanguinaria de la banda. Jaleó cada asesinato, cada secuestro, cada acción brutal, y nunca se le escuchó nada que saliera de la ortodoxia terrorista. Hoy, recupera su libertad, y el mundo de ETA le tiene preparados encendidos homenajes como hace con todos los reclusos de la banda. Las víctimas, siempre las víctimas, han intentado impedirlo y poner a este individuo en su sitio, que no puede ser de honor ni de prestigio, sino de vergüenza e ignominia. Se le preparan recibimientos a las puertas de la cárcel de El Dueso (Cantabria) y en Lasarte (Guipúzcoa), su localidad natal, si bien la Delegación del Gobierno en Cantabria prohibió ayer la concentración fuera de la prisión por incumplir el plazo que exige la ley para comunicar este tipo de actos. Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu no encontró ayer razones para evitar el tributo de los proetarras a Díez Usabiaga. En su auto, estima que no existe «constancia alguna» de que en los encuentros convocados se vaya a producir delito alguno. Agrega que la «jurisdicción penal» persigue «hechos ilícitos penales» ya producidos, pero no actúa de forma «preventiva». El juez es muy libre de quitarse de en medio, de ponerse de perfil y de creer que el hecho de que un grupo de personas se reúna para vitorear a un terrorista y agradecerle los servicios prestados no constituye un delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación de las víctimas o de sus familiares. Pero nosotros lo somos también para pensar que la publicidad conferida a los actos y todo lo que rodea a los homenajes comportan un flagrante atentado contra la dignidad de las víctimas del terrorismo al vulnerar las leyes de protección del colectivo, por no hablar de su contenido claramente apologético consustancial a la aclamación pública de un criminal. Tras el fugaz desistimiento o abatimiento del magistrado, harán bien las delegaciones del Gobierno y la Fiscalía en promover las acciones pertinentes que hagan justicia a las víctimas y eviten la deprimente sensación de impunidad de estos actos propagandísticos sonrojantes para el Estado de Derecho. Este país ha luchado mucho y bien contra ETA. Ha pagado un precio altísimo hasta lograr su derrota policial. Conviene no olvidarlo en tiempos en los que algunos servidores públicos lo relativizan todo como si el ciudadano no tuviera memoria y no recordara quiénes fueron los verdugos y sus cómplices y quiénes las víctimas. Si no consiguieron sus objetivos con la violencia, no lo deben lograr ahora desde la tribunas políticas con la ayuda de oportunistas y desalmados. Cada homenaje público a un terrorista es un baldón para la democracia, que no debe tolerar que los enemigos de la libertad manipulen el relato etarra hasta que las generaciones venideras olviden lo que ocurrió en realidad.