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La educación concertada es necesaria

No sabemos si la ofensiva lanzada por el Gobierno contra la educación concertada es producto de la torpeza de la ministra Isabel Celaá, o si responde a una estrategia trazada y animada en estos días tras el anuncio de un posible acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. De responder a esto segundo estaríamos ante un cambio radical en el sistema educativo español, respetado hasta ahora incluso por los gobiernos socialistas. Lo que está en juego es la libertad de enseñanza que, en nuestro ordenamiento, es inseparable del derecho a la educación. Así lo especifica la Constitución (art. 27.6), en contra de lo que dice Celaá: «Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de crear centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales». La ministra de Educación basó precisamente su ataque contra la concertada en que este derecho no está recogido en la Constitución, pero no sólo no es así, ya que por primera vez se reconoce al unísono el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, sino porque hay varias sentencias del TC y, de todas ellas, una de especial relevancia, siendo, además, la más cercana en el tiempo. Dice la sentencia 74/2018: «Esta libertad de enseñanza se concreta por tres vías: el derecho a crear instituciones educativas, el derecho de los padres a elegir el centro y la formación religiosa y moral que desean para sus hijos, y el derecho de quienes llevan a cabo personalmente la función de enseñar a desarrollarla con libertad». Parece que Celaá desprecia los principios que animaron esta legislación, ya que ni siquiera tiene en cuenta el sentido público de la educación concertada, en tanto que «los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes» (art. 27.8). La intervención de la ministra fue más desconcertante si cabe al producirse en el marco del Congreso de Escuelas Católicas, donde afirmó que el «derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo no son una emanación estricta de la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 27 de la Constitución». Es incomprensible que un principio que está claramente especificado en la Carta Magna (art. 27.3) haya sido obviado, modificado o manipulado por un cargo público de este rango y responsable, además, de la materia en cuestión cuando no hay margen para la duda. Dice: «Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». Si a tal evidencia se le suma que existe una sentencia del TC de 1981 en la que dice que la libertad de enseñanza presupone elegir el centro docente y la formación religiosa o moral, Celaá debería revisar con más rigor cuál es su posición exacta sobre la educación concertada. Es legítimo sospechar que un desvarío de este calibre no puede ser improvisado y que responderá a las negociaciones que mantienen Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para la formación de Gobierno de coalición. Atacar a la concertada es un clásico de la izquierda más cerril. Lo que es incomprensible es que el PSOE, que ha sido defensor del modelo de la escuela concertada, actúe ahora de manera tan irresponsable. No debe olvidarse que un 25% de la educación en España son centros concertados, lo que supondría alterar un equilibrio que hasta ahora ha funcionado, incluso existiendo agravios: una familia que lleva a sus hijos a un colegio concertado no tiene el mismo derecho a una beca de transporte, comedor o libros que si estudia en la pública. Ni siquiera se ha respetado que, con la misma renta, puedan tener los mismos derechos. Lo único que han evidenciado las desafortunadas declaraciones de Celaá es que cada comunidad autónoma gestiona dichas ayudas como le interesa. Al desconcierto en materia educativa, sólo le faltaba un ataque a la concertada.

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