La farsa del nacionalismo virtual

Cataluña se dispone a vivir uno de los momentos más grotescos de su histórica política reciente, y eso que el proceso independentista nos ha dado momentos que creíamos inalcanzables. Pues no. El nacionalismo catalán, en este estadio actual dispuesto a culminar la destrucción de las instituciones de autogobierno y situarse en la marginalidad de las minorías europeas supremacistas, prepara algo inédito en una democracia avanzada como la española. Se trata de investir a su próximo candidato telemáticamente, sin estar presente, con la pretensión de que gobierne desde Bruselas. Si de por sí ya supone una degradación sin retorno del escaso prestigio de la Generalitat, plantea de nuevo una estrategia de confrontación directa contra el estado de Derecho que debe impedirse. Es decir, podemos decir, visto cómo el independentismo ha retorcido las leyes en su propio beneficio o sencillamente las ha incumplido, que no hay más objetivo que bloquear políticamente Cataluña y poner contra las cuerdas al Estado. Es un propósito que anida en la raíz del nacionalismo radical. Otra cosa es que puedan o se les permita hacerlo. Por más descabelladas que sean sus intenciones para lograr la investidura de Puigdemont, también nos lo pareció cuando en la pasada legislatura cambiaron el reglamento para impedir el debate y aprobar las leyes de desconexión. Ante el escenario de que el aspirante, es decir, Puigdemont, quiera intervenir por videoconferencia, sin que esta posibilidad esté recogida, como es lógico, en el reglamento de la cámara, y ante la posibilidad de que, a través de una interpretación libre de la norma en su artículo 146, sólo cabe impugnar la disposición de la Mesa. En tanto que ha sido presentado por el Gobierno, quedaría automáticamente anulada. En el caso de que el reglamento fuera modificado para adaptarlo al supuesto de que el candidato pueda ser investido sin estar presente –es decir, desde Bruselas– supondría alterar una norma con rango de ley, por lo que, a través de un recurso inconstitucional, también quedaría anulada. Caben más posibilidades, todas con el único objetivo de plantear una situación de desgobierno y bloqueo institucional, como que un diputado pueda sustituir a otro del mismo grupo en un debate, de investidura en este caso (artículo 83), incluso siendo el candidato. En la delirante huida del independentismo ni le asiste la razón ni la ley, ni el hecho fundamental de que si el candidato no está presente en la investidura no es por razones mayores, sino porque está huido de la Justicia. Acabar con la investidura en tanto que institución jurídica supondría minar de raíz el sistema parlamentario. Parece que en los cálculos de supervivencia de Puigdemont está acabar con el sistema para salvarse él. En definitiva, el escenario es conocido: aunque los letrados de cámara emitan su dictamen contrario a estos modificaciones torticeras del reglamento, algo que harán colegiadamente y en breve, los independentistas seguirán adelante hasta volver, de nuevo, a crear una doble realidad: una, la real y marcada por la ley; otra, la virtual en la que vive el independentismo. Con la diferencia de que ahora se saben cuáles son las consecuencias legales de saltarse la ley desde las instituciones. Puede que en este escenario catastrófico también contemplen el hecho de que el Rey deba rubricar la investidura de Puigdemont y, de paso, comprometer al jefe del Estado. Tal es su desvarío. Como establece en las medidas de aplicación del artículo 155, «se mantendrán vigentes y serán de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat». Sobran las razones para impedir la última farsa del nacionalismo.