La Justicia, firme frente al «procés»

El solemne Acto de Apertura del Año Judicial, que ayer presidió Su Majestad en Madrid, ha tenido como telón de fondo las consecuencias penales del golpe anticonstitucional en Cataluña y ha servido para constatar, como no podía ser de otra forma, el cierre de filas de la Justicia española frente al llamado «procés», que, a tenor de las actuaciones del actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, mantiene su desafío, aunque ya sólo sea en un plano meramente declarativo. En este sentido, las intervenciones del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder judicial, Carlos Lesmes, y de la fiscal general del Estado, María José Segarra, tendrán la virtud de tranquilizar a una opinión pública que asiste preocupada al relanzamiento político y social del movimiento separatista, y a su estrategia de ocupación del espacio público, sin que se perciba una respuesta adecuada del actual Gobierno de Pedro Sánchez. Es más, como refleja la entrevista con el líder de ERC, Oriol Junqueras, en prisión preventiva, que hoy publica LA RAZÓN, todavía hay sectores del independentismo catalán que no parecen entender la naturaleza contraria al orden jurídico y, por lo tanto, acreedora del reproche penal, de las acciones que llevaron a cabo hace un año y que vinculan cualquier vía de diálogo al reconocimiento del derecho de autodeterminación o a la celebración de un referéndum pactado con el Ejecutivo. Es ese «sea valiente» que Oriol Junqueras dirige a Pedro Sánchez desde nuestro periódico, insistiendo en la consulta pactada, una constatación suficiente de lo que decimos. Por el contrario, tanto Carlos Lesmes como María José Segarra llevaron a sus justos términos la única respuesta que puede dar un Estado de derecho a la pretensión de romper el marco legal. Así, mientras que el presidente del Supremo advertía de que la Constitución no puede renunciar a defenderse, ya que el Estado democrático de derecho no admite disgregaciones entre ley y democracia, la máxima representante del Ministerio Público insistía en que no puede haber excepciones al cumplimiento de la ley, porque lo contrario supone la quiebra misma de la propia democracia. No deja, pues, de ser significativo que mientras en Cataluña los actuales representantes de la Generalitat hacían alarde del proceso separatista y promovían las movilizaciones callejeras, en la posterior recepción a la ceremonia de apertura del Año Judicial el tema de conversación dominante entre juristas, políticos y periodistas fuera el calendario procesal del Tribunal Supremo para el enjuiciamiento de los responsables del golpe separatista, cuya vista oral podría tener lugar a finales de noviembre y la sentencia dictarse en la próxima primavera. Tiempos que, en política, son bastante perentorios y que aconsejarían a los dirigentes del nacionalismo catalán un cambio de actitud, so pena de exacerbar el sentimiento de frustración de sus seguidores, con consecuencias imprevisibles para la convivencia ciudadana. Recomendación que también se puede aplicar al actual Gobierno socialista, cuya estrategia de distensión y oferta de diálogo a los partidos separatistas puede confundir a la sociedad catalana sobre el inexorable resultado de los procesos judiciales abiertos, que operan de manera autónoma, como corresponde a una democracia con separación de poderes y en la que se respeta la independencia judicial. La Justicia española, ante el Rey y las principales instituciones del Estado, dejaron claro que el desprecio a la Ley y al orden constitucional tendrá su inevitable respuesta.