La marca indeleble de ETA

El acto convocado por el colectivo de presos etarras en el que estaban invitados a participar los terroristas excarcelados tras la anulación de la «doctrina Parot» se celebró finalmente en Durango. El juez Santiago Pedraz lo autorizó con el respaldo del fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Alonso, que argumentó que el encuentro se realizaba en un local privado y sin difusión pública, pese a que la cobertura mediática fue intensa. En su auto, Pedraz indicó que cuando un magistrado no prohíbe una reunión, no significa que «consienta», «autorice» o «permita» la misma. Hay sutilezas jurídicas que provocan perplejidad. Como era de prever para todo aquel que quisiera verlo, el encuentro de Durango llevó impresa la indeleble marca de ETA. Sin necesidad de una exégesis profunda, la identidad del convocante, de los participantes, de la escenografía y de la experiencia acumulada eran los propios de un acto de enaltecimiento del terrorismo. Las consignas vertidas respondieron a las reivindicaciones tradicionales de la banda. Que se eligiera como portavoz a un asesino en serie como «Kubati» reforzó la crudeza y la provocación del mensaje. Los presentes no pidieron perdón, ni se arrepintieron, ni se mostraron dispuestos a colaborar con la Justicia, ni exigieron la disolución de ETA ni la entrega las armas. Exigieron amnistía y autodeterminación y equipararon a las víctimas con los asesinos. Que «Kubati» y el resto de terroristas asumieran un tono victimista y lastimero fue una ignominia que la Justicia podría haber evitado. Por tanto, la novedad del acto de Durango fue que no la hubo. La democracia no puede engañarse ni ser ingenua y debe estar alerta sobre el peligro y las consecuencias de que el relato terrorista se propague con impunidad. La firmeza del Gobierno del PP, reiterada por el ministro Fernández Díaz, en torno a la única política antiterrorista posible, la de la derrota incondicional de la banda y la depuración de responsabilidades, es, sin embargo, tranquilizadora. Hay que ponderar como merece que haya sido el único ejecutivo que no ha negociado ni ha contactado con la banda y que, en efecto, haya logrado empujar a ETA al peor momento de su historia y al fracaso de su apuesta estratégica de obligar al Gobierno a sentarse en una mesa. El ministro avisó además el viernes de que los límites impuestos por el Tribunal Constitucional y la Ley de Partidos «están muy vigentes». Es una posición necesaria e inteligente. La ilegalización de las marcas proetarras es un instrumento legítimo y plausible, preparado para ser activado cuando las pruebas sean suficientes y consistentes. Hay quien mantiene que el Estado de Derecho ha sido en exceso generoso con quienes no lo merecían. El garantismo mal entendido, y peor interpretado por parte de algunos, no ayudó en su momemto, pero eso no quiere decir que ETA esté en disposición de ganarle el pulso al Estado.