La UGT, abocada al cambio

La profunda crisis que atraviesa la central sindical UGT ha obligado –como hoy publica LA RAZÓN– a su secretario general, Cándido Méndez, a plantearse su retirada un año antes de que termine su mandato en 2017, cuando cumpliría 23 años al frente del sindicato socialista. Han sido cuatro décadas con un balance desalentador por la pérdida de afiliación, el desbarajuste económico y, lo que es más significativo, la incapacidad de adecuar sus anquilosadas estructuras a las nuevas condiciones laborales y a los retos competitivos que imponía la globalización y su inevitable apertura de los mercados internacionales. Con contadas excepciones –como en la industria del automóvil, donde la flexibilidad negociadora y el profundo conocimiento del sector por parte de los representantes de los trabajadores contribuyeron decisivamente a sortear la crisis–, los sindicatos de clase se han visto arrastrados por los acontecimientos, convirtiendo a los órganos judiciales de lo social en el único referente para los asalariados. Nutridos durante décadas por la existencia de las grandes empresas públicas y por el funcionariado, la paulatina desaparición de las primeras y el notable desarrollo profesional alcanzado por la función pública han reducido su campo de acción ocupado, ahora, en parte, por otras asociaciones más cercanas a las necesidades de sus trabajadores. Con un condicionante añadido que, en el caso de la UGT, se demuestra más acusado: la imbricación –casi hasta la institucionalización– con el poder político representado por el PSOE, partido que ha gobernado España 22 años desde la Transición. Un modelo dependiente en exceso de la financiación pública, con grandes estructuras burocráticas, siempre susceptibles a la «profesionalización» de unos delegados que se eternizan en sus mandatos. En estas condiciones ambientales, a nadie puede sorprender que la UGT, como otras instituciones, se haya visto salpicada por los escándalos de corrupción. Los casos de los ERE de Andalucía, las facturas falsas, los cursos de formación, el dudoso comportamiento de sus representantes en las cajas de ahorros y otras entidades de crédito públicas, hoy privatizadas; amén de episodios como el protagonizado por el dirigente minero asturiano Fernández Villa, han hecho un profundo daño a la credibilidad del sindicalismo español, del que tardará en recuperarse. Es evidente la necesidad de un cambio de nombres en la dirección del sindicato socialista, pero mucho nos tememos que no será suficiente para recuperar su papel. Es preciso abordar la profunda transformación sociológica sufrida por España, comprender su cambio de paradigma en las relaciones laborales y profesionales, para dar una respuesta adecuada, e imprescindible, a la renovación sindical.