La vuelta al Estatut inconstitucional

Desconocemos si la propuesta planteada ayer por Pedro Sánchez sobre la elaboración de un nuevo Estatuto en Cataluña es formal o habrá que inscribirla en ese extraño cortejo que mantiene con Joaquim Torra con la intención de apaciguar su ansia desestabilizadora. Sin duda, se trata de un encantamiento que supone grandes riesgos. La propuesta habrá que darla por buena, aunque no es la primera vez que el PSOE-PSC lo pone encima de la mesa –en boca de Miquel Iceta el pasado 18 de junio: «Merecería la pena estudiar la reforma del Estatuto de Cataluña que anuló el Constitucional»– creyendo que si se mantiene el mismo articulado podría colmar las aspiraciones independentistas. Sánchez lo planteó con unos graves errores –también desconocemos si intencionados, puede que embebido por la dialéctica nacionalista– que conviene aclarar antes que nada. En primer lugar, ha hablado de votar en referéndum sobre el «autogobierno», «no por la autodeterminación». Las instituciones de autogobierno de Cataluña, de manera concreta la Generalitat provisional, fue restituida con un real decreto aprobado por el Gobierno de Adolfo Suárez el 29 de septiembre de 1977, a la vuelta de Josep Tarradellas, antes incluso de que se votase el Estatuto en 1979. Es decir, hace 40 años que los derechos políticos de Cataluña son reconocidos. En segundo lugar, Sánchez llegó a decir que es el único territorio «que tiene un Estatuto que no ha sido votado por los ciudadanos». Es una falsedad que puede alimentar el victimismo nacionalista, pero que en sí mismo engendra un error que, de no subsanarse, estará en la base de ese futuro Estatuto. Los catalanes votaron en un referéndum el 18 de junio de 2006 (73,9% votos a favor y un 48,8% de participación) y posteriormente, en junio de 2010, el Tribunal Constitucional falló que 14 artículos eran anticonstitucionales y otros debían someterse a interpretación. De recurrirse ahora, el control del TC sería previo a la consulta y no al contrario, algo que nos ahorraría situar aquel momento como el detonante del «proceso», o que Sánchez diga que los catalanes no votaron su Estatut. Por si se quiere recuperar los artículos anulados por el Alto Tribunal, habría que recordar que hubo una voluntad por parte del Tripartito (PSC, ERC y ICV) de desbordar el marco constitucional con competencias que quebraban la unidad del Estado. El Consejo Consultivo de la Generalitat llegó a detectar hasta 19 inconstitucionalidades en el texto referidas a financiación y derechos históricos, muchas de las cuales no fueron corregidas. Debería saberlo Sánchez, ya que el PSC recurrió algunos puntos o que el Tripartito más CiU acordó en junio de 2005 que el nuevo texto definiría a Cataluña como «nación», lo que obligó a que el PP abandonase definitivamente la comisión, un objetivo del «pacto del Tinell». El riesgo vuelve a repetirse, pero aumentado. Puigdemont-Torra no quieren un nuevo Estatut, menos aún reformar el actual, y de aceptarlo como salida al callejón sin salida en el que se encuentra el desafío independentista cabe preguntarse si se reeditaría el artículo 6 apartado 1 en el que situaba como lengua «preferente» de la Administración el catalana sobre el castellano; las atribuciones de un Consejo de Justicia de Cataluña al margen del Consejo del Poder Judicial; o el diseño de un Agencia Tributaria para recaudar todos los impuestos estatales. La situación ahora es más compleja y su tramitación sería imposible y no deseable al necesitar las dos terceras partes del Parlament para aprobarse o dejar una parte fuera de él, lo que consagraría la división civil de Cataluña.