Las lecciones de Escocia

Escocia dijo «no» a la independencia. Reino Unido, la más vieja democracia del mundo, seguirá manteniendo sus fronteras históricas y la composición de los cuatro territorios que forman Gran Bretaña. Se han vivido unos días de gran incertidumbre a raíz del referéndum –al que el «premier» británico, David Cameron, abrió equivocadamente las puertas con una pregunta («¿debería ser Escocia un país independiente?») tan determinante que acabó movilizando a los que simplemente querían algo más de autonomía– , que se contempló seriamente la posibilidad de secesión, con las graves consecuencias que hubiese tenido para la estabilidad del conjunto de la Unión Europea. Finalmente, se ha impuesto el voto que apostaba por la unidad de los británicos, que alcanzó el 55,3%, frente al 44,7% de los que defendían la independencia, opción capitaneada por el nacionalista Alex Salmond que, aun siendo derrotado, ha puesto en serios apuros al líder de los «tories» y ha situado muy por encima las expectativas que el Partido Nacional Escocés tenía sobre esta consulta. Aun así, Salmond presentó ayer su dimisión, gesto que debe ser tenido muy en cuenta. Después de todo, desde hace unos meses la sociedad escocesa ha sido sometida a un fuerte debate en el que no se estaba dilucidando un simple cambio de gobierno en Edimburgo o en Londres. La prueba de que Escocia y Reino Unido se estaban jugando el futuro ha sido la alta participación, que ha superado el 85% (de un total de 4,3 millones de electores). Todas las fuerzas políticas han llamado a recomponer la unidad de Escocia porque nunca hasta ahora se habían señalado las fronteras entre ciudadanos, cuando la mayoría de los escoceses no pedía ni un referéndum y menos con la posibilidad de decidir romper con Reino Unido. El error político de Cameron puede tener consecuencias tanto en la cohesión social de Escocia como en su futuro político. La consulta se ha realizado siguiendo con escrúpulo la legalidad, es decir, su aprobación en el Parlamento de Westminster, lo que, por sí mismo, asegura su constitucionalidad. Se abre ahora un escenario complejo que Cameron no tenía previsto cuando puso en marcha este proceso: la reforma de todo el sistema autonómico británico, algo que no será fácil, ya que no cuenta con el apoyo de todos los conservadores. El triunfo del «no» a la independencia de Escocia cierra el camino a un primer paso para la fragmentación de Europa en un momento en que la unidad es frágil y los populismos avanzan con mensajes basados en la defensa de lo particular frente a los intereses comunitarios, lo identitario por encima de lo universal, y en la creencia nacionalista de que a toda entidad cultural le corresponde un Estado, que fue la pesadilla desintegradora de la Europa de 1914.

El independentismo catalán ha puesto el caso de Escocia como ejemplo para legitimar ante el mundo su proceso, pero olvidando lo fundamental: que Artur Mas y los partidos que lo apoyan están dispuestos a saltarse la legalidad constitucional. La valoración que el presidente de la Generalitat realizó ayer tras la victoria del «sí» en Escocia sonroja por la pueril demostración de que su objetivo último era desprestigiar a España como un supuesto Estado no democrático que impide que Cataluña pueda realizar una consulta independentista. No olvidemos que, mientras Mas preparaba su intervención pública, Alex Salmond reflexionaba sobre su dimisión como ministro principal de Escocia, un gesto ejemplar que el presidente de la Generalitat tuvo a su alcance la noche del 25 de noviembre de 2012 cuando CiU perdió doce diputados en las elecciones autonómicas. No sólo no dimitió, sino que se lanzó a una deriva de la que ya no tiene el control y que ayer dio un paso más en esa posición que aboca a la institución que representa a la ilegalidad. El Parlament ha aprobado la Ley de Consultas, cobertura legal para la convocatoria del referéndum del 9 de noviembre, atribución que está fuera de las que le concede la Constitución cuando se trata de una consulta que afecta a la integridad territorial de España. El Gobierno la recurrirá utilizando la única arma que tienen los estados democráticos, así le pese a la demagogia de Mas: el recurso de la Ley. Esta decisión tiene una base jurídica en el artículo 161.2 de la Constitución, según la cual «el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas». El Estado de Derecho no tiene otro recurso para su defensa que la Ley y no basta con no reconocerla o no acatarla, como dicen los dirigentes nacionalistas muy a la ligera, frente a una «legalidad catalana» que sitúan por encima de la Constitución y, por lo tanto, del propio Estatuto de Autonomía. No es una posición inmovilista, sino la única línea de defensa para el Estado, y el Gobierno está obligado a recurrir a ella por mandato. Situar a la Generalitat de Cataluña fuera de la legalidad es un acto cuya responsabilidad deberá recaer en Artur Mas.