Legalidad y proporcionalidad

El rebrote actual del conflicto sobre el anacronismo histórico que supone Gibraltar no presenta una solución sencilla por la actitud de Londres y, muy especialmente, por la provocadora política de hechos consumados de las autoridades gibraltareñas. En las relaciones exteriores y en los episodios de tensión diplomática se suele salir adelante con la cabeza alta cuando el gobernante de turno es capaz de mantener un equilibrio deseable entre la prudencia y la firmeza de la mano de la legalidad. Eso es precisamente lo que el Gobierno ha intentado desde que el ministro principal de la colonia, Fabian Picardo, se obstinara en reventar el entendimiento y la convivencia en la zona, con la aquiescencia de las autoridades británicas. El presidente del Gobierno insistió ayer en las pautas fundamentales de la posición española, tras reunirse con el Rey en el único despacho que celebrarán este verano en el Palacio de Marivent. Mariano Rajoy cree y confía en el diálogo a cuatro partes –España, Reino Unido, Andalucía y Gibraltar– pero, mientras sea inviable, España «tomará medidas única y exclusivamente legales, proporcionadas y que no discriminen» para defender los intereses de sus ciudadanos. Entendemos que legalidad y proporcionalidad son principios sobre los que pivotar la única posición factible en esta situación. Es precisamente esa política de sensatez la que permite medir los pasos e interpretar de forma adecuada situaciones como la próxima presencia de buques de la Armada británica en el Peñón. El presidente lo explicó con claridad meridiana: eran ejercicios conocidos y anunciados desde el 4 de junio, en el marco de unas maniobras que se llevan a cabo desde hace tiempo y que se «mantendrán». España no cometerá los errores ni, por supuesto, las tropelías de las autoridades gibraltareñas. Sabe que las relaciones bilaterales con Reino Unido son buenas y que deben seguir siéndolo en el futuro como países aliados que somos y con intereses comunes.

El Gobierno no ha dado un paso en falso ni motivo alguno para esta tensión. Como la responsabilidad es de otros, ellos son los que deben corregir comportamientos y actuaciones o asumir las lógicas consecuencias de las decisiones de un país que protege sus intereses y los de sus conciudadanos. Londres pudo evitar en su momento que Picardo rompiera de forma abrupta el acuerdo de pesca firmado en 1999 o que lanzara al agua de la bahía de Algeciras 70 bloques de hormigón en un atentado contra la seguridad y el derecho al trabajo de nuestros pescadores, además de una agresión al medio ambiente. Y no lo hizo. Rajoy hace lo que debe cuando deja la puerta abierta al diálogo, pero al mismo tiempo se reserva iniciativas legales. Ahora sólo toca esperar a que los británicos regresen a la negociación y entiendan que nada bueno suele resultar de los desencuentros.