Los «depredadores» no deben estar libres

Con el debate abierto sobre la prisión permanente revisable, después de que el PSOE, Ciudadanos y otros grupos de la oposición promuevan su derogación, se suceden los desgraciados ejemplos que recomiendan lo contrario y refrendan su necesidad y vigencia. Ayer se conoció la condena a 66 años de cárcel a Francisco Javier Corbacho, conocido como el «violador del Eixample», por cuatro agresiones sexuales a mujeres. La fiscal le definió como un «verdadero depredador sexual» y planteó con rotundidad, además de solicitar 90 años de cárcel, que sólo su entrada en prisión evitaría nuevas agresiones. En consecuencia, la Audiencia de Barcelona especificó en su fallo que sólo podrá pasar entre rejas un máximo de 20 de los 66 años y que, además, le permite solicitar permisos de salida desde los cinco años de reclusión. Hay que reseñar que este violador en serie se benefició de la suspensión de una condena previa por otro delito de abusos sexuales en 2014 para perpetrar tres de sus ataques. Pero los magistrados sustentaron su laxitud, que muchos entenderán como benevolencia, en el conocido principio de que las penas deben estar orientadas a la «reeducación» y la «reinserción» sin que pesara ni en su decisión ni en su ánimo el grado de reincidencia de depredadores como Francisco Javier Corbacho. Es una lectura del ordenamiento que intranquiliza y desasosiega, que nos demuestra que el Estado de Derecho, con instrumentos constitucionales como la prisión permanente, cumple con el deber de velar por la seguridad y la libertad de los ciudadanos.