Los jueces son criticables

En una democracia un servidor del Estado o cargo público está sujeto a la crítica de las decisiones o actuaciones en el ejercicio de su cargo. Se trata de una cualidad elemental de cualquier régimen de libertades que se precie de serlo. Sin embargo, para trece magistrados del Tribunal Supremo esta peculiaridad medular del Estado de Derecho no está tan clara o, al menos, en los casos en los que el objeto del reproche sean ellos mismos. En un episodio sin precedentes, esos trece magistrados, que constituyen una amplia mayoría en la Sala de lo Penal del alto tribunal integrada por 18 jueces (contando a los eméritos), han dirigido una carta al presidente de este tribunal y del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en la que le piden que actúe por unas valoraciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, contra las últimas excarcelaciones de etarras, entre ellos la de «Santi Potros». En concreto, el ministro apuntó que le parecía «lamentable desde todos los puntos de vista, también jurídicamente», que se pusiera en la calle prematuramente a estos terroristas. Los jueces consideran que esta clase de manifestaciones «provocan falta de confianza en las instituciones» y aseguran que Mariano Rajoy debe «poner coto» a esos comportamientos. Más allá de que algunos miembros de la judicatura tengan la dermis extremadamente delicada frente a las críticas, incluso tan fundamentadas, sorprende que magistrados del Supremo relativicen de esta forma el ejercicio de la libertad de expresión en una democracia y que pretendan coartarlo con una misiva tan singular. Pasan por alto, también de forma llamativa, que las sentencias se acatan, sin duda, pero pueden discutirse y cuestionarse desde el respeto institucional y personal. En este caso, el ministro del Interior fue extremadamente respetuoso en su comentario sobre una decisión de una sección de la Audiencia Nacional, que sí provocó una honda indignación en la sociedad. En todo caso, hablamos de una libertad de expresión que, por ejemplo, muchos jueces utilizan para comentar la acción del Gobierno. Sin ir más lejos, y a título de ejemplo, el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez formuló ayer mismo una serie de reproches a la Ley de Seguridad Ciudadana y habló de sanciones «brutales» y de menores garantías constitucionales en los casos de faltas administrativas. Los jueces, en este caso los del Supremo, no tienen el monopolio de la libertad de expresión ni pueden extender certificados sobre lo que se puede o no decir y cómo hacerlo. Las valoraciones políticas sobre las resoluciones de los tribunales no pueden catalogarse en sí mismas de injerencias ni merman la independencia de los órganos jurisdiccionales. No hay ciudadanos de primera o de segunda. Algunos jueces deberían entenderlo y asumirlo.