Más leyes contra la corrupción

Corremos el riesgo de regodearnos en los casos de corrupción y en la imposibilidad de acabar con ellos, paliarlos y sancionarlos debidamente, porque esas prácticas forman parte de la condición humana y poco podemos hacer. Esos excesos de pesimismo hispánico con ecos del 98 sólo pueden ser aplacados con un plan regeneracionista pragmático a través de la única herramienta eficaz de la que disponemos: la Ley. Es evidente que la corrupción ha pasado de ser una delincuencia ocasional practicada por personajes pintorescos para convertirse en un tema central de una sociedad que quiere mejorar su calidad democrática. Ante el hecho objetivo de que en estos momentos hay más de mil imputados por corrupción, sólo cabe adecuar el ordenamiento jurídico para impedir esas prácticas y, si se llevan a cabo, que «se sancionen adecuadamente», como afirma en una entrevista que publicamos hoy el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Nos recuerda Catalá que hay que partir del hecho de que el Estado de Derecho funciona: la Policía investiga, la Fiscalía acusa, los jueces instruyen y sentencian y los culpables cumplen la pena. Por lo tanto, no estamos en una situación en la que la corrupción haya colapsado el sistema, como les gusta diagnosticar muy a la ligera a algunos, pero sí es necesario adecuarse a los nuevos tiempos. Hace unas semanas, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, dijo en LA RAZÓN que las actuales leyes están pensadas para los «robagallinas» y no para delitos económicos multimillonarios. En este sentido, el Gobierno ha puesto en marcha medidas para el control de la financiación de los partidos políticos y propondrá un Estatuto del Alto Cargo en la Administración del Estado que obligue a una mayor transparencia y al comportamiento ético de los funcionarios públicos. La corrupción a gran escala ha sabido sortear la Ley y utilizar todas sus garantías en beneficio propio, de ahí que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que lleva a cabo el Ministerio de Justicia sea fundamental para impedir que se alarguen en el tiempo procesos que se van encadenando sin poderse juzgar por separado. Por otra parte, también deberán reformarse aspectos del Código Penal para que supongan la inhabilitación para los casos de cohecho, malversación y fraude y la financiación ilegal de partidos políticos, o para ampliar el delito de malversación y cohecho para que contemple como tales la contratación por encima del precio de mercado de determinados servicios. Alerta también el ministro de Justicia de que no hay que confundir términos jurídicos como el de imputado con el de acusado, algo que se hace con afán justiciero pero que vulnera la presunción de inocencia, que es un derecho constitucional básico. Otra cosa, matiza Catalá, es la responsabilidad ética del imputado, y eso depende de dónde la sociedad sitúe el listón.