Menos gasto sin más recortes

Es una buena noticia que el Gobierno reduzca, por primera vez desde que ganara las elecciones, el techo del gasto público para 2015 y que, además, lo haga sin recortar servicios ni prestaciones sociales. También es plausible que esa reducción, un 3,2% menos que en 2014, sea compatible con la rebaja tributaria aprobada la semana pasada, de modo que no se ponga en peligro el objetivo del déficit fiscal para el próximo año, fijado en el 4,2%. El temor de Bruselas, por tanto, de que España incumpla sus compromisos fiscales carece de fundamento, sobre todo después de que el ministro Montoro haya sacado pecho al anunciar que este año se cerrará con un 5,5%, en vez del 5,8% acordado. Como gesto pinturero acallará algunas voces alarmistas, sin duda. Las bases en las que se apoya el Gobierno para encajar las piezas son, por un lado, el menor coste de financiación de la deuda pública, cuyos tipos de interés están en mínimos históricos; y, por otro, la reducción de la partida de prestaciones por desempleo, consecuencia de una mayor creación de puestos de trabajo. Es razonable esperar, en efecto, que la consolidación del crecimiento económico, estimado en el 1,8% del PIB para 2015, reduzca con más viveza las cifras del paro y, por tanto, las partidas destinadas a los desempleados. También contribuye a las optimistas previsiones del Gobierno la reforma de las pensiones, de modo que el aumento del gasto en este capítulo se irá moderando progresivamente. La conclusión es que, en líneas generales, el Gobierno hace lo correcto al reducir el tope de gasto al que deberán ajustarse los Presupuestos del próximo año. Sin embargo, cabe preguntarse si podría haber ido un poco más allá en el ajuste de las administraciones, tanto la del Estado como las autonómicas. Creemos que sí, que aún hay recorrido en este terreno y que, una vez lograda la estabilización de las cuentas, conviene darle una nueva vuelta de tuerca al gasto público para facilitar una nueva rebaja de los impuestos que agobian a los ciudadanos y a las empresas. Precisamente porque gracias al crecimiento de la economía mejorarán las cuentas públicas, nada más congruente que estimularlo aumentando la capacidad de consumo de los hogares e incentivando la contratación de las empresas con la rebaja de las cotizaciones sociales. Un país lastrado por un 50% de paro juvenil está obligado a tomar decisiones mucho más audaces que la mera cuadratura de las cuentas, sobre todo cuando la percepción general de los ciudadanos es que las administraciones públicas son todavía demasiado gruesas y demasiado caras, además de superponerse unas a otras con funciones duplicadas, cuando no prescindibles. El Gobierno de Rajoy ha realizado en dos años y medio una labor extraordinaria, pero no debe bajar los brazos.