No sólo es cuestión de honores

Si Artur Mas y la dirección de Convergència Democrática de Catalunya (CDC) albergaban la ilusoria esperanza de que la confesión del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol quedara circunscrita al ámbito personal y familiar, como dieron a entender en sus primeras reacciones públicas, la magnitud social que ha alcanzado el escándalo en toda España, pero con especial y lógica repercusión en Cataluña, les ha obligado a rectificar su estrategia. No ha debido ser precisamente fácil para el presidente Mas, autotitulado «hijo político» del fundador de CDC, llevarle al convencimiento de que debía renunciar no sólo a los cargos honoríficos en el partido y en la coalición de CiU –que fue lo pactado el mismo día de la publicación del escrito de inculpación–, sino a todos los privilegios de su condición de ex presidente de la Generalitat, incluido el tratamiento de «Muy Honorable», por más que la legislación no tuviera prevista la retirada de tal honor. Pero volverán a caer en el mismo error si consideran que basta con la ofrenda de esta «muerte civil» para responder a la gran responsabilidad contraída por CiU con los ciudadanos de Cataluña. La formación nacionalista –que hasta tiene embargada judicialmente su sede– debe llevar a cabo un ejercicio de transparencia ineludible, facilitando la comisión parlamentaria de investigación que reclaman diversas fuerzas política y poniendo, desde la Generalitat, toda la información que le sea demandada a disposición de las investigaciones judiciales en curso. Porque no se trata sólo de los delitos fiscales cometidos por Jordi Pujol, sino de la sospechosa trama de complicidades y omisiones para con otros miembros del clan, entre los que se encuentra Oriol Pujol, ex parlamentario dimitido tras la estafa de las ITV, y el primogénito del expresident, Jordi Pujol Ferrusola, citado junto a su esposa por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, sobre una supuesta evasión de capitales a Andorra. Conductas que extienden las dudas sobre buena parte del nacionalismo catalán, el mismo que se ha permitido dar lecciones de moral ciudadana y ética durante los últimos vienticinco años, calificando la corrupción de los otros como ajena a «los valores de Cataluña» y, por lo tanto, inherente a una supuesta condición española. Hoy, por cierto, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, va a recibir en audiencia a Artur Mas. Pero el estallido del caso Pujol no cambia en absoluto la grave cuestión de fondo, que es el callejón sin salida hacia el que pretende conducir a los catalanes el presidente de la Generalitat. Mas puede insistir en el error o rectificar a tiempo, para lo que, sin duda, cuenta con la mano tendida del Gobierno. Y sólo a partir de ahí, de la renuncia expresa a infringir la Ley, podrá abordarse una negociación leal sobre los problemas y necesidades que tiene Cataluña.