Pueden volver a la cárcel

Es de una profunda bajeza moral buscar el rédito político de la indignación y del dolor que está produciendo en la sociedad española la obligada liberación de los asesinos etarras. Eso es lo que UPyD hizo ayer en el Congreso al atacar al Gobierno por los actos de recibimiento registrados en Vizcaya y Navarra. Se trata de un alegato oportunista que oculta un hecho fundamental: que el Ministerio del Interior está haciendo un seguimiento exhaustivo de todas y cada una de las excarcelaciones propiciadas por la infortunada sentencia del Tribunal de Estrasburgo, lo que ha llevado a trasladar a la Fiscalía de la Audiencia Nacional hasta seis informes de conductas que incurren claramente en los delitos de enaltecimiento del terrorismo y violación de la ley de Víctimas. Y ello, pese a que es la Policía vasca la encargada competencialmente de velar por que no se humille a las víctimas del terrorismo. Toca ahora a la Audiencia dictar las providencias que sean necesarias para castigar a los infractores y evitar que se repitan los odiosos homenajes, como el que tuvo en Galdácano el etarra Javier Martínez, asesino de niños. Se trata, en definitiva, de hacer cumplir estrictamente la Ley y actuar de acuerdo a los principios que inspiran el Estado de Derecho, que en este punto están meridianamente claros, que ha sido el instrumento con el que se ha conseguido vencer a la banda etarra. Porque lo cierto es, aunque parezca mentira que hayamos de recalcarlo, que el terrorismo ha sido derrotado sin paliativos por la sociedad española, lo que obliga aún más si cabe al Gobierno y, especialmente, a los jueces a actuar con celeridad y contundencia. La sentencia de Estrasburgo no cambia un ápice la naturaleza del terrorismo etarra, por más que el mundo abertzale trate de maquillar y manipular los hechos para imponer su versión de la historia. Están derrotados y lo saben. Y de la misma manera que algunos de sus pistoleros han salido antes de tiempo de prisión, deben tener claro que pueden regresar a la celda si conculcan las leyes. Lo mismo reza para los asesinos y violadores de niños puestos en libertad por los magistrados del tribunal europeo, con el agravante de que se trata de un tipo de delincuente que presenta altos índices de reincidencia. El Gobierno debe atender a la protección de la sociedad, con todos los instrumentos legales a su alcance, como corresponde a una sociedad democrática. La Policía y la Guardia Civil tienen noticia puntual de cada excarcelación y deben valorar los riesgos potenciales para la seguridad ciudadana, como se hace habitualmente, y establecer las medidas de prevención que se consideren necesarias. No se trata de atentar contra la libertad de nadie ni de actuar arbitrariamente, pero sí de que ningún otro niño, como Fabio u Olga Sangrador, caiga a manos de estas bestias.