Rajoy garantiza la estabilidad y la igualdad territorial de España

El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, firmó ayer la disolución del Parlamento y ha convocado las elecciones generales para el próximo 20 de diciembre. De esta manera, concluye la X legislatura, que podemos considerar una de las más difíciles. En ella han coincidido varias crisis, a cual más compleja. Basta echar la vista atrás para comprender que estamos hablando de una situación excepcional. Fundamentalmente, esta legislatura ha estado marcada por la mayor crisis económica y financiera que ha vivido nuestro país. Este hecho ha tenido como consecuencia el desprestigio de los partidos políticos que, a su vez, aparecían ante la ciudadanía como estructuras de intereses. Desde el punto de vista político, el más grave de los retos ha sido el secesionismo planteado por los partidos nacionalistas catalanes. Por último, no hay que olvidar la crisis institucional abierta por la abdicación de Juan Carlos I y la proclamación de Felipe VI como Rey, una sucesión que, aunque prevista, no era esperada y que demostró la solidez democrática de nuestro país. Podemos decir que estos últimos cuatro años han sido de vértigo, pero no han supuesto la desestabilización del sistema que algunos auguraron –el llamado «régimen del 78»–, aunque se ha acabado imponiendo un sentido realista y eficaz de la política. Mariano Rajoy recibió una herencia económica catastrófica y unas finanzas al borde de la quiebra que, finalmente, ha podido reconducir. El primer objetivo fue evitar el rescate, que hubiera supuesto aplicar unas medidas drásticas que, con toda seguridad, hubieran afectado a los pilares del Estado del Bienestar, además de una pérdida de soberanía que hubiese provocado una radicalización de nuestro sistema de partidos. Sin cumplir el objetivo de evitar el rescate habría sido imposible poner en marcha el plan de reformas del Gobierno de Rajoy. Las cifras no dicen mucho cuando detrás de ellas hay verdaderos dramas personales y familiares, aunque sí son datos que tienen en cuenta los mercados, que es de donde dependen las economías productivas, pero conviene recordar que, con los últimos gobiernos socialistas, después de cinco años de crecimiento en el empleo, con los últimos gobiernos socialistas se destruyeron 3,5 millones. Aquel aumento en el número de parados también supuso que la recaudación cayese en 70.000 millones. Por otra parte, el déficit alcanzó 30.000 millones que, además de superar lo comprometido, supuso sembrar la desconfianza entre nuestros socios europeos y la sociedad española en general. La situación ha cambiado. Rajoy ha demostrado ante los mercados que nuestro país es solvente, evitó el rescate y, aunque, como decíamos, el peso de la crisis lo han soportado los ciudadanos y, de manera muy especial, las personas que han perdido su puesto de trabajo, los datos se han invertido. Baste recordar que ahora somos el país que más crece en la zona euro, con una reducción del déficit desde el 9,4% de 2011 al 4,2% de 2015, y con la creación de 544.000 empleos en el último año (la pasada encuesta de la EPA hablaba de que un 73,8% de los asalariados tienen un contrato fijo), o que hace tres años España se financiaba al 7% y nuestra deuda era de alto riesgo, y ahora se la considera un valor refugio. Son sólo datos, pero están contrastados por una percepción de que el país funciona, de que existe una cohesión social, de que, aunque amplias capas de las clases medias han resultado afectadas y se ha podido abrir una brecha entre las rentas más altas y las más bajas, el Estado del Bienestar no ha sido afectado, de manera especial las pensiones y el Sistema Nacional de Salud, que actualmente dispone de 800.000 tarjetas nacionales más que en 2012. Mariano Rajoy puede decir que ha cumplido su programa, que no es poco, aunque éste ha sido rechazado por la oposición de izquierda, algo que era esperable. Un programa en el que se han abordado reformas de calado y también otros aspectos con los que no se ha cumplido, como la reforma de la ley del aborto o una nueva legislación fiscal con menos presión, además de un tema capital que el electorado no está dispuesto a transigir: la corrupción en los partidos políticos, ante la que el PP tenía que haber actuado con más contundencia. Rajoy ha sabido imprimir un estilo político poco dado a la improvisación y abierto al diálogo siempre que no sobrepase el marco legal. Ante el problema planteado en Cataluña, es evidente que éste no puede haber negociación de ningún tipo cuando se quiere romper unilateralmente la estructura territorial de España. Por lo tanto, como insiste el propio presidente del Gobierno, no hay que confundir una reforma constitucional con abrir un proceso constituyente. En este sentido, Mariano Rajoy es la garantía de la estabilidad social de España, su libertad y el principio de igualdad.