Opinión

Reunión positiva

La Razón
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La reunión de Rajoy y Mas ha sido positiva, aunque no haya sido determinante. Sólo se sentirán defraudados quienes depositaron en ella grandes expectativas de acuerdos y quienes auguraban un descarrilamiento definitivo. Ni una cosa ni otra. Ni siquiera el fantasma corrompido de Pujol alteró un guión previsible. Como resumió el propio Mas, «no es el final de nada». El resultado más apreciable es la reactivación del clima de diálogo, que había sido dañado por la obcecación separatista del dirigente catalán, lo que permitirá emprender las negociaciones entre la Generalitat y el Gobierno sobre diversos asuntos pendientes, como financiación, servicios públicos e infraestructuras. No es poca cosa. Naturalmente, el presidente del Gobierno no podía dar luz verde a un referéndum separatista que ha sido rechazado por el Tribunal Constitucional y por el 86% del Congreso. Que contara, además, con el apoyo explícito del nuevo líder del PSOE le reforzaba en su negativa. ¿Podría Rajoy haber sorprendido a su interlocutor con una contraoferta que permitiera salvarle la cara a cambio de desconvocar el referéndum? Eso esperaban diversos sectores de la izquierda y de Cataluña, que se han refugiado en la equidistancia para no comprometer sus intereses, ya sean electorales o económicos. Pero tal expectativa carecía de sentido: primero, porque una ilegalidad nunca puede ser objeto de cambalache; y, segundo, porque el propio Mas no alberga ningún deseo de rectificar una hoja de ruta de la que es rehén por designio de sus socios de ERC. Por tanto, el presidente de la Generalitat salió de la reunión con la misma idea con la que entró de celebrar la consulta separatista el día 9 de noviembre. Tan ofuscado está en ella que ayer incurrió en el galimatías de decir que «si no hay acuerdo con el Estado la celebraremos igualmente de manera legal». Bastante más coherente y más respetuosa con la lógica fue la respuesta de Moncloa: la consulta es ilegal y ni se puede ni se va a celebrar. Lo que significa que el Gobierno, con el mandato y el apoyo de las instituciones democráticas del Estado, impedirá, con las herramientas del Estado de Derecho, cualquier intento de conculcar la legalidad. Mientras tanto, convendría al interés de España y de los catalanes, en especial, que la Generalitat atendiera la recomendación del Gobierno de no poner en peligro la estabilidad política justo cuando está a punto de rendir sus frutos el sacrificio de todos los españoles para salir de la crisis. Excitar los sentimientos nacionalistas, azuzar el enfrentamiento y alimentar el victimismo, como hacen los dirigentes de CiU y ERC, para tensar las relaciones con el Estado, es una temeridad cuyas consecuencias peores las paga la propia sociedad catalana, en especial los sectores más golpeados por la crisis económica.