Sánchez elude su responsabilidad

Nada más correcto, dentro de la lógica política, que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se reuniera ayer con los líderes de los partidos mayoritarios, pero, tal y como se plantearon los encuentros desde Moncloa, no deja de ser una imagen para la galería, electoral, en este caso, que nada aporta a la resolución de la grave crisis de orden público en Cataluña. Y esto es así, porque parece ocioso reclamar un apoyo de Estado a los rivales políticos cuando, en realidad, por parte del Gobierno no se ha puesto sobre la mesa estrategia operativa o ejecutiva alguna, más allá de enviar unidades policiales de refuerzo al Principado. Eran, pues, previsibles las reacciones de los interlocutores, como la del presidente popular, Pablo Casado, reclamando acciones concretas para reconducir una revueltas callejeras impulsadas desde las propias instituciones catalanas y que tienen al presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, como principal avalista. Por supuesto, no queremos entrar en el tráfago de propuestas de medidas excepcionales con las que se han descolgado los distintos líderes de los partidos constitucionalistas, aunque sólo sea porque la elección de la respuesta legal es responsabilidad de quien ejerce el poder, pero sí advertir de que la opinión pública, justamente alarmada por la retransmisión en directo de un nuevo golpe de fuerza de los separatistas catalanes, reclama una acción política, la que sea, por parte del Ejecutivo que reponga la autoridad del Estado y devuelva el libre uso de la vías públicas y de las redes de transporte a sus auténticos propietarios: los ciudadanos que viven en Cataluña, sin distinción de ideologías. Sinceramente, y pese a que nos hallamos en plena campaña electoral, creemos que el presidente del Gobierno tendría el apoyo de las formaciones del centro derecha para cumplir con este ineludible deber. Pero, insistimos, para ello tiene que presentar alguna línea de actuación plausible y abandonar la táctica pasiva de esperar y ver, que nunca es buena solución para nada. Porque, mientras, los grupos de revoltosos actúan en los diversos frentes, graduando la intensidad de la violencia, sin más cortapisas que las acciones sin solución de continuidad de las Fuerzas de Seguridad, cuya profesionalidad y espíritu de sacrificio no debería llevarse al límite. Aunque sólo sea porque no se puede descargar toda la responsabilidad sobre las fuerzas policiales o, en su defecto, sobre los jueces de instrucción, como se está haciendo desde la presidencia del Gobierno. Pedro Sánchez tiene que tomar medidas políticas, que no son sólo aquellas que dan votos, y, como primera providencia, reclamar al presidente de la Generalitat el cumplimiento de las leyes a las que está obligado por su cargo o, en caso contrario, aplicar la medida que considere más adecuada de la amplia panoplia que le proporciona nuestro ordenamiento jurídico para restaurar el imperio de la ley. No hace falta recordar que si el estado de alarma ya fue decretado por un Consejo de Ministros socialista para yugular una huelga de controladores aéreos, más justificación tendría ante una situación como la que hoy se vive en Cataluña, con presidente autonómico como Torra, inhabilitado de facto, que no sólo se niega a condenar las violentas algaradas, sino que desprecia las decisiones de los tribunales y ánima a la población a desacatarlas. Tampoco ayudan, precisamente, a tranquilizar a la opinión pública, las maniobras entre bastidores del propio Torra para socavar a los mandos políticos y profesionales de la Policía autónoma, que, hasta el momento, está cumpliendo con sus funciones razonablemente. El presidente del Gobierno no puede eludir su responsabilidad, mucho menos, cubrirla con reuniones electoralistas, que se pretenden de Estado.