Teoría conspiratoria

Aunque el fiscal anticorrupción Pedro Horrach haya desistido de recurrir el auto de imputación de la Infanta Cristina, en atención al criterio de la propia interesada, no por ello ha renunciado a cumplir con su deber de advertir al juez Castro, los graves fallos que ha cometido en el auto y, al mismo tiempo, de amparar a los funcionarios de la Agencia Tributaria, que han sido objeto «de imputaciones e insinuaciones relativas al encubrimiento de intereses espurios ajenos al cumplimiento de su labor profesional». En efecto, en un hecho insólito en la judicatura, el juez Castro vertió descalificaciones y sospechas sobre el trabajo de los peritos tributarios, como si hubieran actuado al dictado de un oscuro designio para exonerar a la Infanta. Para restituir a los funcionarios su buen nombre profesional, el fiscal Horrach pide al juez que les cite a declarar antes de que lo haga Doña Cristina el 8 de febrero. También pide que se tome declaración a la inspectora jefe del Grupo de Delicuencia Económica de la Policía Nacional como máxima responsable de la investigación del «caso Nóos». No sólo es razonable lo que solicita Horrach, es un trámite que el juez Castro está obligado a estimar porque se ha puesto en juego la honorabilidad de unos funcionarios públicos que deben estar por encima de toda sospecha. Pero hay un motivo añadido: que el propio magistrado sea informado, de primera mano, de los graves errores técnicos que ha cometido y de los cuales ha extraído conclusiones igualmente erróneas. El fiscal Horrach no ahorra los ejemplos en los que se pone de manifiesto las limitaciones del juez en legislación tributaria, hasta el punto de no saber distinguir entre ingreso y cobro, de enmarañarse en los cálculos impositivos o de desconocer los rudimentos de la declaración fiscal de una socidedad. Lo preocupante no es que el juez exhiba una deficiente preparación técnica, sino que haya basado sobre ella la imputación de la Infanta. Más aún, el magistrado parece desconocer en ciertos pasajes de su auto los rudimentos del Derecho al dotar de efectos penales a determinadas actividades que no figuran en el Código Penal. La conclusión a la que llega el fiscal anticorrupción es que Castro articula la imputación penal de Doña Cristina sobre dudas y conjeturas, lo que supone una aberración jurídica. Y lo que es peor, que al descalificar el trabajo de los peritos de la Agencia Tributaria con la insinuación de que sirven al encubrimiento de intereses espurios, el juez construye una «teoría conspiratoria» para justificar la existencia de indicios delictivos sobre los que basar la imputación de la hija del Rey. El escrito de Pedro Horrach es irreprochable, está sólidamente argumentado y lo que solicita al juez está no sólo puesto en razón, sino que es inexcusable para un mejor esclarecimiento del caso.