Trias o la búsqueda de la impunidad

El nombre del exalcalde de Barcelona, Xavier Trias i Llobatera, aparece vinculado, en su forma castellana, a un «trust» familiar en que también figuran sus 11 hermanos, sus padres y un sobrino que está gestionado por el banco suizo Coutts y que tiene vinculaciones con una compañía registrada en las Islas Vírgenes Británicas, uno de los paraísos fiscales más utilizados por las grandes fortunas de todo el mundo. La información, publicada ayer en exclusiva en España por «La Sexta» y «El Confidencial», ha sido obtenida gracias a las investigaciones del grupo de reporteros ICIJ, el mismo que descubrió la existencia de los llamados «papeles de Panamá». Más allá de las responsabilidades fiscales de este asunto, que deberán ser examinadas en el ámbito correspondiente del Ministerio de Hacienda y sobre las que es de todo punto prematuro pronunciarse, lo cierto es que nos hallamos ante un caso que entra de lleno en el campo de la política y, también, de la ética exigible a quienes han sido elegidos por los ciudadanos para la mejor gestión de los intereses públicos, en cualquiera de los ámbitos de la democracia representativa. Más aún cuando Xavier Trias, ex alcalde de Barcelona y uno de los representantes más caracterizados de la antigua Convergencia, protagonizó una de las más duras intervenciones que se recuerdan contra un ministro del Gobierno, en este caso, el ex titular de la cartera de Interior, Jorge Fernández Díaz, a tenor de unas informaciones periodísticas que relacionaban al político nacionalista catalán con una cuenta oculta en Suiza, que, en aquel momento, no pudo demostrarse. Xavier Trias, que desde unas posiciones catalanistas moderadas había derivado hacia el separatismo más duro, alineándose, bajo la égida de Artur Mas, con la estrategia de ERC y de las CUP para conseguir la ruptura de la unidad de España, aprovechó la ausencia de pruebas sobre su presunta cuenta en un banco helvético, para atribuir al Gobierno de la nación, en particular al Ministerio del Interior, la existencia de una llamada «Operación Cataluña» por la que, a base de elaborar pruebas falsas y atribuir delitos prefabricados, se pretendía combatir el desafío separatista impulsado desde la Generalitat de Cataluña, como si las instituciones del Estado carecieran de los instrumentos políticos y legales de quienes representas legítimamente a la soberanía nacional y están obligados a defenderla. Hoy, tras los dramáticos acontecimientos vividos en Cataluña, causa sonrojo repasar las acusaciones espurias de Xavier Trias contra el ex ministro Fernández Díaz, de quien se atrevió a exigir en sede parlamentaria que fuera despojado de su condición de diputado. Por supuesto, mantenemos la presunción de inocencia de Xavier Trias, que es un derecho constitucional, pese a que él no lo hiciera a la hora de verter las más graves acusaciones que se pueden hacer a un servidor público. Habrá que esperar a que los tribunales determinen si hubo delito en la, por otra parte evidente, operación familiar para ocultar la multimillonaria herencia paterna, –procedente de la venta de una empresa farmacéutica catalana a una multinacional sueca–, tanto a la Hacienda española como a la Generalitat de Cataluña, que, como el resto de las comunidades autónomas, tiene transferidos los impuestos de sucesiones. Pero sí conviene hacer una reflexión sobre si las insólitas reconversiones al separatismo de muchos hombres públicos catalanes, incluso postergando sus convicciones a las exigencias de la izquierda radical, tienen más relación con la necesidad de garantizarse impunidades que con las ideologías.