Un fin de eta justo y sin impunidad

El terrorismo de ETA contó siempre con un apoyo político que se encargó de construir una trama de organizaciones con las que impusieron, ya no sólo un sistema de terror, sino de exclusión cultural y social propio del más xenófobo de los nacionalismos. La complicidad del mundo abertzale, incluso de sectores moderados del nacionalismo vasco, permitió que ETA impusiera el relato de que luchaba y mataba para liberar a Euskal Herria de la opresión de los estados español y francés. Ahora, cuando se repasa la herencia dejada por el terrorismo etarra, cuesta imaginar cómo pudo perpetuarse en plena democracia una organización cuyo objetivo era precisamente liquidar el sistema de libertades. Y cuesta creer la complacencia con la que contaron los terroristas dentro de sectores de una sociedad próspera como la vasca, con una amplia autonomía –la más desarrollada de Europa– y con un régimen fiscal propio –y muy beneficioso–, a pesar de que la aspiración de ETA era, en el método y en los objetivos, puro totalitarismo. Tras asesinar a 829 personas, dejar centenares de mutilados y de haber destrozado a familias enteras, ETA fue derrotada. La democracia ganó porque el duelo era entre una banda de terroristas y el Estado de Derecho. Ahora, los restos de esta organización, su brazo político, EH Bildu, y las piadosas organizaciones –¡pacifistas!– afines buscan contar aquella historia como el enfrentamiento entre dos legitimidades y que, por lo tanto, la equidistancia es posible, como es posible ocultar la naturaleza antidemocrática del terrorismo vasco. Es decir, en nada que cambie que ETA pase de ser una «organización armada» a «organización desarmada», según sus dirigentes todavía en ejercicio, si no han reconocido sus crímenes y la persecución a la que sometieron a una parte del pueblo vasco. Mañana se escenifica una entrega de armas propiciada por los así llamados «artesanos de la paz», una operación propagandística de su «buena voluntad» para alcanzar la paz y no obstruir las ambiciones electorales de su marca blanca representada por Arnaldo Otegi, condenado por pertenencia a banda armada y que hasta la fecha no ha renunciado del pasado sanguinario de su organización. «Es propaganda y autoblanqueo», dicen en un manifiesto un grupo de intelectuales y víctimas que reclaman el «fin de ETA sin impunidad». «Un final basado en la dignidad de los acosados y asesinados es aquel que se construye sobre la verdad, la memoria, la justicia y la reparación», añaden. Concluye el manifiesto remarcando la necesidad de «deslegitimar el lenguaje de ETA», que permite esa equidistancia que muy cómodamente quiere situarse en un punto intermedio: ni con ETA ni con el Estado español. Este hecho es fundamental, dicen los firmantes, para tratar un tema pendiente: «El miedo y el desistimiento de una parte de la sociedad durante los años de terror». El Parlamento vasco aprobó ayer un texto de apoyo al desarme de ETA con el voto de PNV, EH Bildu, Podemos y PSE. El PP lo ha calificado de «disparate humillante» porque «camufla la rendición» de la banda. A los socialistas vascos, por su compromiso con la lucha antiterrorista y las víctimas, se le exige una posición más consecuente. No basta decir que «no esperen un aplauso el sábado»: hay que estar con los que sufrieron. A la cabeza de la derrota de ETA estuvo una minoría de la sociedad vasca –firmantes en su mayoría del manifiesto– y no el brazo político de la banda. Decir que mañana ETA va a entregar las armas es una broma de mal gusto, porque ni se sabe dónde, cuándo, ni dónde –se facilitarán las coordenadas– cuando el único lugar donde deben estar es la Audiencia Nacional, que debe seguir investigando. Nunca hay que olvidar que más de trescientos asesinatos están todavía sin resolver y 134 de ellos ya han prescrito.