Un pilar esencial de ETA

Con independencia del error humano cometido por el gabinete de Comunicación del Ministerio del Interior, que ni respondía a ninguna oscura estrategia publicitaria ni ha tenido las nefastas consecuencias que algunos medios han divulgado sin fundamento, lo importante es que la operación llevada a cabo por la Guardia Civil contra una parte activa y, en estos momentos, muy importante de la banda terrorista etarra –nada menos que los responsables del denominado «frente carcelario»– es de tal calado que el oportunista rifirrafe político entablado por la oposición se convierte en un asunto muy menor. A nadie que conozca el entramado del terrorismo etarra se le escapa que el sometimiento de los presos a las directrices de la banda forma parte esencial de su estrategia, férreamente opuesta a consentir las llamadas «salidas individuales» de sus reclusos, aunque suponga para ellos y sus familiares tener que renunciar a los beneficios penitenciarios que corresponden a cualquier penado. Así, los presos y sus familias han sido en muchos casos rehenes de la propia banda, con el objetivo de disuadir cualquier intento de disidencia o simple alejamiento en el seno de la izquierda abertzale. La operación ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco se dirige, pues, contra el pilar esencial de una ETA muy debilitada que conoce perfectamente que sin el control que ejerce sobre los presos se convertiría en algo totalmente residual. De ahí que cause estupor el «estupor» mostrado por el PNV ante las detenciones de los responsables directos de la estrategia carcelera de los terroristas, como si los dirigentes del nacionalismo vasco ignoraran a estas alturas que la manipulación de los presos se ha convertido en una de las últimas bazas de la banda, como demuestra la permanente campaña de agitación y movilizaciones con la que el mundo abertzale trata de falsear su derrota sin paliativos frente a la democracia española. Sí hay, sin embargo, motivos para el estupor de los ciudadanos ante actitudes como la de los socialistas donostiarras, que han unido sus votos a los de Bildu y el PNV en el Ayuntamiento de San Sebastián para aprobar una declaración institucional que considera que la operación ordenada por el juez supone un obstáculo en el actual contexto político vasco para la paz. Dejando aparte el hecho de que supone una vulneración del Pacto Antiterrorista firmado por el PSOE –lo que debería obligar a su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, a adoptar las sanciones oportunas–, se obvia que la banda no se ha disuelto, que mantiene ocultos sus arsenales y que no ha renunciado a ninguno de sus objetivos, lo que obliga a la Justicia y a las Fuerzas de Seguridad del Estado a mantener la persecución de unos individuos que siguen fuera de la Ley. Que es lo que están haciendo.