Una acusación genérica de rebelión

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La estrategia emprendida por los dirigentes de la Generalitat de presionar de manera directa al Ministerio Público para que «suavice» sus acusaciones sobre los dirigentes independentistas es temeraria. Pretender que a través del Gobierno la Fiscalía retire el delito de rebelión impulsado por el fallecido José Manuel Maza es desconocer el funcionamiento de este órgano y, en definitiva, de la separación de poderes. Pudo comprobarse en los incidentes del día 20 y 21 de septiembre del año pasado ante la Consejería de Economía de la Generalitat, motivo ahora de querella: ante un mandato judicial de recabar una documentación se quiso impedir el trabajo de los tribunales. Presionar ahora para que los dirigentes que encabezaron aquella revuelta sean acusados por delitos menores o directamente sobreseídos, incide en el mismo error. ¿Querrá decir que de no atenerse la Fiscalía y el Tribunal que juzgue a aquellos dirigentes a las presiones de la Generalitat es una llamada, de nuevo, al choque frontal con el Estado? En estos temas conviene actuar con moderación. Tal y como informamos en nuestra edición de ayer, el Ministerio Público está ultimando el escrito de acusación, en el que mantiene el delito de rebelión contra nueve dirigentes, siete miembros del Govern y los responsables de Omnium y ANC, a falta de que la fiscal general del Estado, María José Segarra, rubrique lo expuesto. Por otra parte, también habrá que esperar al juicio oral, momento en el que los fiscales tengan que pronunciarse sobre sus conclusiones y la solicitud de penas. Previo a este trámite, los magistrados del TS deberán dar por terminado el sumario, momento tras el cual se anunciará el juicio oral, que dará inicio previsiblemente en enero. Estos son los tiempos y a ellos se deberán atener los encausados, pero también los que desde el ámbito político quieran desencadenar una ofensiva contra magistrados de la Sala del TS y fiscales. Lo sucedido en las jornadas del 20 y 21 de septiembre y 1 de octubre fue grave y, según los fiscales, no se trató ni de tentativa de rebelión ni conspiración, sino de un delito consumado. De ahí que el Ministerio Fiscal también se incline por acusar por el mismo delito de rebelión a Josep Lluís Trapero, ex mayor de los Mossos d’Esquadra y responsable máximo del dispositivo policial durante aquellos días. La Fiscalía defiende que la policía autonómica fue una pieza clave en aquellos sucesos. Por un lado, permitieron que miles de personas increparan a la comisión judicial, prolongando hasta la madrugada el operativo. Como prueba evidente, están las conversaciones de los mandos de los Mossos. Por otro lado, abandonaron a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, permitiendo la votación del referéndum ilegal y haciendo caer sobre ellos todo el peso de contención. Ni siquiera cumplieron con lo acordado: que los colegios, que habían sido ocupados la noche anterior, fueran desalojados. Es más, los Mossos informaron a los organizadores de la consulta de los movimientos de las fuerzas de seguridad del Estado. Argumentaron el principio de actuación policial de «proporcionalidad», pero lo único cierto es que su comportamiento fue de total de inactividad, tal y como también quedó recogido en otras grabaciones. De esta manera se unifica el delito de rebelión que pesaría sobre Trapero con el del consejero de Interior, algo que no dejaba de ser una incongruencia, pues tanta es la responsabilidad del político, como la del mando del operativo, pese a que éste evitó muy precavidamente realizar cualquier declaración a favor de celebrar un referéndum previamente anulado por el Constitucional.