Papeles de Panamá
Una rectificación acertada
La decisión de José Manuel Soria de renunciar al puesto de director ejecutivo del Banco Mundial ha sido la única posible. Prolongar esta polémica sólo hubiera conducido al desgaste del Gobierno, del PP y de las instituciones públicas en general. Nada más saltar la noticia, minutos después del fallido debate de investidura del pasado día 2, la opinión pública se mostró rotundamente contraria al nombramiento del ex ministro de Industria para un cargo de tanta relevancia después de su salida del Gobierno tras figurar su nombre en los «papeles de Panamá» y, lo que es todavía peor, habiéndolo negado. El mensaje que se transmitía con su postulación a este cargo era demoledor: el regeneracionismo político que el nuevo momento político exige tiene excepciones. El desarrollo de esta crisis y el desenlace final da pistas de que la propuesta del nombramiento de Soria ha tenido más que ver con la torpeza de unos altos funcionarios que con el cinismo de las élites políticas. El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, argumentó que Soria cumplía los requisitos administrativos para cubrir esta plaza en el Banco Mundial y que impedir su acceso era cometer una discriminación e ir contra el reglamento. Finalmente, se ha acabado demostrando que el ex ministro no sólo no era el candidato con mejores condiciones, sino que no es obligatorio que este cargo tenga que ser cubierto por un Técnico Comercial del Estado. Sin duda, en la decisión de plantear su candidatura hubo una clamorosa falta de visión política, que sirvió en bandeja a la oposición argumentos para dejar fuera de juego al PP, al Gobierno en funciones y al propio presidente, que recién abandonaba la tribuna del Parlamento tras oír la pertinaz negativa de Pedro Sánchez a que pudiese gobernar con su abstención. Ha sido un acierto de Mariano Rajoy zanjar un asunto en el que el PSOE lo había puesto en el punto de mira. Era el argumento perfecto para justificar el bloqueo socialista e impedir como fuese un nuevo Ejecutivo presidido por Rajoy, cuya decisión ha frenado en seco a un socialismo desorientado, sin más estrategia que perpetuarse en el «no». El presidente del Gobierno es consciente de la situación que atraviesa la política española y de que no puede permitirse un caso como el de Soria, un político que, por otra parte, no ha dado muestras de aflicción alguna; después de todo, en su carta dirigida el secretario de Estado de Economía decía que su renuncia era «a petición del Gobierno». Probablemente, él ya se veía en Washington. El tema está zanjado y ha dejado claro una serie de cuestiones. La sociedad española ha puesto el listón muy alto sobre cuáles deben ser las condiciones de un político salpicado en un asunto que ensucia su historial para ocupar posteriores cargos públicos. PSOE y Podemos han actuado desde la «vendetta» y el sectarismo partidista más inquietante. Ninguna de estas dos formaciones están en condiciones de dar ejemplo de su política de nombramientos: ambos han dado sobradas muestras de nepotismo, arbitrariedad, amiguismo y sectarismo con tal de situar gente afín en determinados puestos. Es algo que ha caracterizado al PSOE cuando ha estado al frente del Gobierno o en comunidades autónomas, diputaciones y municipios. Efectivamente, Soria no está imputado, pero su ejemplo no es el mejor para representar a España en una institución tan relevante como el Banco Mundial después de mentir a los españoles. La sociedad española exige que haya una ejemplaridad pública. Rajoy ha actuado correctamente.
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