Una reforma muy insuficiente

Aunque bienvenida, la derogación del artículo más rechazado socialmente de la actual ley del aborto –por el que se autorizaba a las menores de edad a interrumpir el embarazo sin permiso o conocimiento paterno– no cumple, ni mucho menos, con el programa electoral del Partido Popular ni con el sentir mayoritario de la sociedad española en favor del derecho a la vida y a la protección del no nacido. No tiene razón, por lo tanto, el portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, cuando afirma que esta reforma parcial cumple el programa del partido ni cuando amenaza con sancionar a los diputados de su formación que sí mantienen el compromiso con el que se presentaron a las elecciones generales de 2011, que dieron al PP la holgada mayoría absoluta de que ahora disfruta. Así, la modificación puntual que ayer votó la Cámara no es más que un parche que ni siquiera tapa la flagrante contradicción en la que ha incurrido el partido del Gobierno con este sensible asunto. No hay que olvidar que la propuesta de derogación de la llamada «ley Aído» buscaba la restitución del orden constitucional, conculcado por la ley de plazos promulgada en 2010 por el Gobierno socialista sin consenso político y frente a la movilización activa de amplios sectores sociales. Pero, además, la sorprendente marcha atrás del PP –renunciando por un supuesto cálculo electoral de Pedro Arriola a la aprobación de la ley que había elaborado el dimitido ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón y que ya había pasado el trámite del Consejo de Ministros– se compadece mal con el recurso contra la ley de plazos que el mismo Partido Popular había presentado ante el TC, bajo la argumentación, a nuestro juicio absolutamente correcta, de que la normativa socialista vulneraba no sólo la sentencia de abril de 1985 del Tribunal Constitucional, por la que se reconocía que la vida humana es un proceso que comienza en la gestación, y la posterior del Tribunal Supremo sobre los derechos del «nasciturus», sino también el convenio de Naciones Unidas de protección de los Derechos Humanos, que proscribe claramente el aborto por razones eugenésicas, es decir, de minusvalía. No cabe, pues, aducir ahora la búsqueda de imposibles consensos con una izquierda que, además, considera el aborto como un simple medio instrumental, o justificarse en dificultades de coyuntura política. No. La reforma debatida ayer en el Congreso no contenta a nadie y no aborda el fin primordial de la defensa de la vida ni los derechos de la mujer. Como ya hemos señalado en varias ocasiones, la lucha contra el aborto es una noble tarea, una batalla de siglos en favor de la civilidad, el humanismo y la igualdad de los seres humanos, por encima de concepciones religiosas e ideológicas. Una batalla en la que tanto se había comprometido el Partido Popular.