Unidos, el acuerdo es posible

No parece precisamente ocioso que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, inaugurara ayer la VI Conferencia de Presidentes Autonómicos con el recordatorio de que las arcas públicas españolas, pese a la mejora de la situación económica, van a ingresar este año 20.000 millones de euros menos que en 2007, mientras que el gasto en pensiones se ha incrementado en 40.000 millones. Sólo desde la asunción de esta realidad será posible abordar la nueva estrategia de financiación regional con alguna garantía de éxito. Porque los problemas de origen son los mismos y se encuentran instalados en la escasa responsabilidad fiscal de las distintas comunidades autónomas y en las disfunciones de un sistema autonómico que replica miméticamente la organización del Estado, duplica servicios y genera asimetrías en la fiscalidad, creando flagrantes desigualdades entre los ciudadanos por mera razón del lugar donde residen y, como consecuencia, gasta ineficazmente buena parte de los fondos públicos. En definitiva, que si la Conferencia de Presidentes –que ayer se dotó de su primer reglamento– quiere convertirse en una institución del Estado que sea útil al conjunto de la sociedad española, es preciso que sus integrantes se alejen de victimismos que sólo ocultan la disputa por unos recursos que la conyuntura negativa de estos cinco últimos años ha dejado demasiado escasos. Y no se trata, por supuesto, de reclamar un proceso recentralizador que desnaturalice el modelo territorial consagrado en la Constitución, sino de aplicar el sentido común y la economía de escala para reducir el gasto en lo superfluo y aumentar la inversión en los servicios básicos. En este sentido, cabe expresar un cierto optimismo por los primeros acuerdos firmados en la reunión de presidentes autonómicos, aunque sólo sea porque van en la dirección correcta. La conveniencia de coordinar los servicios de Protección Civil, por ejemplo, es tan evidente que sólo desde el nacionalismo más sectario se entiende la creación de compartimentos estancos cuando está en juego la seguridad de los ciudadanos o la riqueza medioambiental frente a cualquier calamidad. Igualmente es de una lógica aplastante la instauración de una tarjeta social que permita el seguimiento y el control de las ayudas asistenciales que proporcionan el Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. No sólo para evitar fraudes y abusos y duplicidades, sino para dotar de más eficacia a los servicios sociales. Y lo mismo reza para la consecución de una unidad real de mercado, sin trabas regionales que, en ocasiones, recuerdan a los viejos fielatos de pasados siglos. Por último, y más importante, el convencimiento de que la financiación de las comunidades autónomas debe responder a criterios objetivos que superen la inútil discusión sobre las diferencias de censo y dimensión territorial. Por ejemplo, contemplar el gasto en Sanidad como un factor determinante en las necesidades de financiación ha sido uno de los principios que deberán tenerse en cuenta a la hora de aprobar los nuevos presupuestos autonómicos. Frente a esta expresa voluntad de acuerdo y colaboración de todos, fue muy señalada la ausencia de los presidentes de Cataluña y del País Vasco, en un gesto de soberbia excluyente que retrata a sus protagonistas y no a los ciudadanos que representan. Por ello, el hecho de que la senyera y la ikurriña estuvieran colocadas junto al resto de las enseñas autonómicas debe interpretarse en su recto sentido: los derechos de los catalanes y los vascos seguirán salvaguardados como los del resto de los españoles. Faltaría más.