Financiación autonómica

Voluntad política para una financiación justa

La Razón
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Esta semana el Congreso aprobó la ley de actualización del Cupo vasco y la norma que la complementa con la metodología que se utilizará en el cálculo quinquenal. A diferencia de lo que ha sido habitual desde que se aprobara la Constitución, el acuerdo en torno a la propuesta no fue mayoritario y reprodujo en la Cámara Baja la controversia política suscitada entre determinados territorios por lo que entienden como un privilegio del País Vasco que le reporta muchos más recursos que al resto de las autonomías. En estas páginas ya hemos definido nuestro criterio sobre la incuestionable anomalía que supone el Concierto, que propicia un escenario de agravios y reivindicaciones para otras regiones. Por encima de la polémica que rodea siempre al insondable cálculo del Cupo, lo que ha quedado de manifiesto es el clamor de las comunidades autónomas de estar infrafinanciadas y las dificultades inherentes para afrontar su presente y su futuro. Es obvio que el debate político sobre la reforma del modelo de financiación autonómica está abierto, como lo es también que hay demasiados intereses entrecruzados para que pueda producirse ese acuerdo del que dependen los servicios básicos a los ciudadanos con la urgencia que todos los barones territoriales reclaman. Necesitamos una financiación justa y solidaria, pero para alcanzarla todos los implicados deben poner de su parte y entender que un acuerdo insuficiente siempre es mejor que un pleito enquistado.