Electoralismo en el fallo de los ERE para no perjudicar al PSOE

Las primeras diligencias que abrieron el «caso ERE» las puso en marcha la juez de Sevilla Mercedes Alaya en enero de 2011. Más de ocho años después, todavía no ha habido una sentencia. No hay excusa jurídica alguna, sino la oportunidad política: el único motivo es meramente electoralista. En cuatro ocasiones se ha retrasado el veredicto también por el mismo motivo: la coincidencia con las elecciones.

Está el precedente de las andaluzas de diciembre de 20018; las generales de abril; las municipales, autonómicas y europeas de mayo de 2019 y, ahora, los próximos comicios del 10 de noviembre. El criterio que sigue el tribunal es muy básico: dado que el fallo puede tener consecuencias políticas en el PSOE, partido que estaba al frente de la Junta de Andalucía, es mejor esperar a que se celebren las próximas elecciones para que el veredicto no influya en el voto. Estamos ante un caso evidente de electoralismo. La duda que se abre es lógica: si de tratarse de otro partido –el PP, sin ir más lejos– se hubiese tenido la misma consideración. Puede que todavía haya alguien que piense que la mayor trama de corrupción que ha existido, con un desvío de 714 millones de euros de fondos públicos, puede pasar de puntillas.