Un pobre servicio a la verdad sobre ETA

La Audiencia Nacional se declaró competente a comienzos de año para investigar a ETA por delitos de lesa humanidad a raíz de una denuncia presentada por víctimas del terrorismo relacionadas con atentados cometidos en la década de los 80. Se trató de un salto cualitativo de hondo calado y trascendencia en la respuesta jurídica a la banda terrorista, pues, de confirmarse, las conductas delictivas etarras no prescribirían y podrían ser perseguidas siempre y en todos los países. Pero no será sencillo. LA RAZÓN adelanta hoy que el informe pericial solicitado por el juez a la Ertzaintza sobre los fines perseguidos por ETA concluye que «no se puede interpretar» que la banda «tuviera como intención la eliminación física y sistemática de todos los individuos de un sector», requisito que define nuestro Código Penal para delitos contra la humanidad. El análisis de la Policía vasca desenfoca por completo la trayectoria y los objetivos de ETA. Hay más de 800 asesinados y miles de heridos que lo prueban. Los terroristas planificaron y desarrollaron una estrategia de aniquilación de una parte específica de la sociedad vasca y española y si no mataron más fue porque no pudieron, no porque no quisieron. El sesgo político del informe de la Ertzainza presta un triste y pobre servicio a la verdad.