Ferrovial se va

Cuando una gran empresa como Ferrovial ha tomado la decisión de marcharse de España podemos adoptar socialmente dos actitudes: o echar pestes en su contra o plantearnos qué hemos hecho mal para que una gran compañía española decida marcharse de aquí. Lo primero sólo nos conduce a ahondar en la imagen de un país antipático hacia la empresa y el inversor: todo aquel que no se someta al estrecho diktat de nuestros políticos, no es bienvenido a nuestra sociedad. Lo segundo nos podría llevar a darnos cuenta de aquellos errores que estamos cometiendo y que probablemente no sólo hayan provocado la salida de Ferrovial, sino que también estén desalentando que otras compañías extranjeras se planteen trasladarse a España.

Por desgracia, el Gobierno de PSOE-Podemos, a pocos meses de las elecciones autonómicas y municipales (y a pocos más de las generales), no ha podido resistirse a seguir el primer camino: el del populismo antiempresarial. Incluso Nadia Calviño, supuestamente una tecnócrata que no debería caer en tales veleidades, ha cargado contra Ferrovial afeándoles que se lo deben todo a España y que, en consecuencia, jamás deberían haberse marchado. Un juicio harto precipitado, puesto que si España le ha dado mucho a Ferrovial, Ferrovial también le ha dado mucho a España. La relación ha sido mutuamente beneficiosa hasta que ha dejado de serlo.

Y lo que deberíamos preguntarnos es por qué ha dejado de serlo. La compañía de infraestructuras ha dado dos claves que, empero, no moverán a la reflexión de la clase política. La primera, la creciente inseguridad jurídica derivada de una cada vez más frecuente «diarrea legislativa» (en feliz expresión autoinculpatoria de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam). La segunda, los mayores costes de financiación que ha de asumir Ferrovial al emitir sus pasivos por el mero hecho de estar radicada en España. ¿Y por qué le sale más caro a una empresa financiarse por el mero hecho de tener su sede social en España? Pues porque el Estado español está hiperendeudado y, en consecuencia, la (in)solvencia del Reino de España representa un riesgo sistemático para todas las empresas con su sede en nuestro país.

Si no queremos expulsar empresas, más previsibilidad jurídica y menos deuda pública.