Grandes fortunas, pequeña recaudación

El Gobierno de Pedro Sánchez instauró el impuesto extraordinario a las grandes fortunas con el objetivo de anular la supresión del impuesto de Patrimonio en la Comunidad de Madrid y en la de Andalucía. Aunque desde el PSOE dicen ser exquisitamente respetuosos con el Estado de las Autonomías, lo cierto es que este nuevo tributo fue planteado desde un comienzo como una forma de impedir que los votantes madrileños y andaluces pudiesen decidir no aplicar ningún gravamen contra la riqueza sita dentro de sus jurisdicciones.

No se trata de ninguna decisión estrafalaria que apremie una intervención del gobierno central para restablecer la racionalidad institucional: nuestro vecino Portugal, así como la mayor parte de Europa, carece de algún gravamen sobre el patrimonio (o asimilables) justamente porque desean fomentar la atracción y retención global de riqueza. ¿Tan inaceptable es que los madrileños deseen copiar algunas de las decisiones que ya han adoptado sus vecinos europeos?

Sea como fuere, los socios independentistas de Pedro Sánchez, que al parecer para esto no son demasiado rupturistas, reclamaron una armonización de Patrimonio por la puerta de atrás para no someterse a la competencia fiscal de Madrid o Andalucía. Y la obtuvieron a través del impuesto a las grandes fortunas.

Ahora bien, la expectativa del Ejecutivo central con este impuesto era recaudar 1.500 millones de euros en 2022 y finalmente sólo ha cosechado 623 millones: es decir, un 60% menos de lo esperado. Todavía peor: el Gobierno aplicó el impuesto de manera retroactiva al pasado ejercicio fiscal, de modo que los afectados por el mismo no tuvieron tiempo de optimizar sus estrategias fiscales para intentar protegerse frente a la rapiña estatal… de modo que, cuando lo hagan, los resultados probablemente serán más decepcionantes.

Al final, pues, el atractivo fiscal de España como destino global de inversiones se deteriora (ni siquiera existen regiones que escapen de este anómalo tributo) y todo para recaudar apenas 600 millones de euros. Destruir riqueza en lugar de fomentar su creación y acumulación. Un error cuyos efectos más perjudiciales no llegarán repentinamente sino a largo plazo: un largo plazo en el que Pedro Sánchez ya no ocupará La Moncloa, pero seguiremos soportando los errores de sus políticas.