La inmensa mayoría de los jueces y los fiscales se han movilizado para defender el Estado de Derecho frente al intento de Sánchez de controlar el Poder Judicial. La situación es tan grave que han sentido la necesidad de mostrar su rechazo no solo con las protestas de sus principales asociaciones, sino saliendo a la calle. Al sanchismo y sus aliados políticos y mediáticos les molestan unos jueces y fiscales independientes, porque instruyen causas que afectan a la familia presidencial y a la corrupción sistémica del PSOE. Les gustaría más contar con operadores del Derecho como Conde-Pumpido dispuestos a servir al poder político siempre que sea de izquierdas. No quieren juristas con una buena formación que superen unas oposiciones basadas en el mérito y la capacidad. Esa Justicia del pueblo que denominan democrática es, simplemente, una monstruosidad. Es la peor pesadilla para cualquier demócrata. Nos retrotrae a los planteamientos de la izquierda populista iberoamericana de Hugo Chávez, Cristina Kirchner, Daniel Ortega o Fidel Castro. Por supuesto, nada más cómodo que los jueces y fiscales que había en la Unión Soviética.

Otra opción es que Sánchez impulse una reforma de la Justicia como la emprendida en México por Andrés Manuel López Obrador y culminada por su sucesora Claudia Sheinbaum, que permite que los abogados de los carteles de la droga sean jueces elegidos por el pueblo. En el País Vasco tendríamos a los que promovería Bildu, controlada por Otegi y los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA. En Cataluña, los independentistas conseguirían, por fin, el objetivo de contar con un cuerpo de jueces al servicio de su proyecto. No quiero dar ideas, pero en cualquier momento el sanchismo puede promover un disparate como este. No nos podemos creer nada de lo que diga Sánchez. Las protestas de los jueces y los fiscales buscan impedir que la izquierda radical acabe con la independencia judicial. En primer lugar, quieren llenar la judicatura y la fiscalía de personas afines al Gobierno sin que superen una oposición. La otra pata de la operación es encargar la instrucción de los procesos a un Ministerio Fiscal controlado por La Moncloa. Esto garantizaría que no se instruyera ningún caso que afecte a Sánchez y su familia, así como al PSOE.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)