La Justicia en tiempos de neofranquismo

Con ocasión del acto de Apertura del Año Judicial suelo hacer un breve repaso a la situación de nuestra Justicia. Si releo las tribunas publicadas a lo largo de los años veo que he sido reiterativo, que lo dicho un año sirve para el siguiente: son artículos atemporales y en ellos cabría concretar dos temas que centran mi cantinela anual.

El primero es la siempre mejorable situación de la Justicia, la carencia de medios, etc. Todo un clásico. También lo es la queja sobre cómo los intereses derivados de la lucha política desembarcan y percuten en el buen nombre, prestigio e independencia judicial. El segundo tema ha surgido en estos cinco largos años, primero el ruego, luego la queja y en los dos últimos años el grito indignado para que acabase el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Por fin, ahora, en este año, este segundo tema ha caducado: tras cinco años de bloqueo, el Consejo se ha renovado.

Hemos vuelto a la normalidad en las instituciones y esto se parece algo más a un Estado cuyo funcionamiento ordinario se ajusta a la Constitución. La normalidad recobrada en la renovación del Consejo ha presentado en esta ocasión algo novedoso: han sido los vocales del Consejo los que han protagonizado la elección de quien presida el Consejo y el Tribunal Supremo. Esto sólo se vivió en 1980, cuando se constituyó el primer Consejo; para los posteriores Consejos los partidos se repartían los vocales y dentro del paquete de lo pactado estaba el nombre del presidente.

También en los artículos que he ido publicando tras la constitución de cada Consejo, he relacionado los desafíos a los que, a mi entender, se enfrentaba cada uno al inicio de su mandato. El momento que vivimos y en el que se estrena el nuevo Consejo es trágico. A España la gobierna quien desde el neofraquismo afirma, sin ocultarlo, que en una democracia parlamentaria quiere gobernar sin parlamento que le controle; y tampoco esconde, además, que quiere verse libre del tercer control, el judicial.

Con este panorama no es difícil identificar los desafíos que tiene ante sí el nuevo Consejo: basta ver que la actualidad política pasa –una vez más– por los tribunales para advertir que se valora a la Justicia como un elemento más de la lucha política y al juez como un jugador en esa cancha, vistiendo los colores de tal o cual partido. Este Consejo tiene así la titánica labor de instaurar la confianza ciudadana en su Justicia, defenderla de unos ataques desconsiderados, acreedores de la mayor censura cuando, además, proceden de los integrantes de otros poderes del Estado que no se cortan y pretenden instruir a los jueces, como censuró la nueva presidenta.

Además, tiene este Consejo dos misiones claramente identificadas. Por una parte cumplir con el mandato que ya es ley y que procede del pacto entre los dos principales partidos, para atender las exigencias que vienen de la Unión Europea: en seis meses debe elaborar un informe que examine los sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura, análogos al Consejo español y debe hacer una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales que, conforme al artículo 122 de la Constitución –cito la ley– «garantice su independencia y que, con la participación directa de jueces y magistrados que se determine, pueda ser evaluada positivamente por el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea, en la que se establezca un Consejo General del Poder Judicial acorde con los mejores estándares europeos».

Con base en esa propuesta, las Cortes elaborarán «un proyecto de ley o proposición de ley de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales para su debate, y en su caso, tramitación y aprobación». A nadie se le escapa la relevancia de tal encomienda prelegislativa, si bien se salva –como no puede ser de otra forma– la soberanía de las Cortes pues, «en su caso», el Legislativo podrá tramitar un texto legal y, «en su caso» también podrá aprobarlo según lo que proponga el Consejo. Es decir, puede que sí, puede que no. Desde luego que desatenderlo o desnaturalizarlo en su esencia no se entendería tras hacerle esa encomienda y tras recibir el informe el parecer favorable de la Comisión Europea.

Y el segundo cometido –mayúsculo– es cubrir las más de cien vacantes producidas en cinco años en la llamada «cúpula judicial», en especial el tercio de vacantes del Tribunal Supremo, luego hablamos de alumbrar un Supremo para los próximos veinte años y que fijará la doctrina en la interpretación de nuestras leyes. Tendrá así que arreglar el «estropicio» –son palabras del anterior presidente del Consejo– causado por la impresentable decisión política de maniatar al Consejo y avalada, obvio, por este Tribunal Constitucional.