Ser funcionario de prisiones en España es como ser vendedor de abrigos en el Sahara. No es rentable, no goza de prestigio, apenas tienen seguridad jurídica y el ministro Fernando Grande-Marlaska que debería protegerles, cuidarles y dotarles de todo lo necesario para hacer bien su trabajo prefiere dedicarse a otros menesteres, como cargar contra el PP por lo que sea, defender al único valedor que le queda en Moncloa y que le mantiene en su cargo, o disfrutar de un palco vip en la final de Wimbledon. Todo menos asumir sus responsabilidades, que son muchas y las tiene desatendidas, sobre todo las que tienen relación con los funcionarios que están bajo su jurisdicción, como los cuerpos de seguridad del Estado, el cuerpo jurídico de jueces, fiscales y personal agregado y, por supuesto, los funcionarios de prisiones.

De la Policía Nacional y la Guardia Civil, poco queda ya por decir de las penosas condiciones de trabajo con las que deben afrontar su jornada laboral, mal pagados, con apenas recursos, infrafinanciados y, prácticamente, calumniados por una gran parte del Gobierno -y no necesariamente por el área comunista- por cumplir diligentemente con sus funciones. Además, nunca antes jueces y fiscales habían mostrado tanta beligerancia contra un Ejecutivo como en la actualidad, pero razones tienen de sobra. Las injerencias políticas, el nepotismo, su intención de llevar a cabo una reforma judicial a modo de “cheka” para colonizar la carrera judicial y la gota que colma el vaso de la insostenible situación del fiscal general del Estado ha unido a casi toda la carrera judicial contra Pedro Sánchez y los suyos. Solo unos pocos palmeros autodenominados progresistas siguen ya las instrucciones de Moncloa.

Pero lo que ya no tiene nombre es lo que están sufriendo los funcionarios que velan por la seguridad en las prisiones. Agredidos, vilipendiados, denostados, menospreciados, denigrados, agraviados, injuriados, difamados y absolutamente ofendidos -escojan ustedes el sinónimo que prefieran- se siente este cuerpo de empleados públicos que reclama dignidad para poder trabajar sin parches ni excusas, y que se acabe con el olvido institucional que sufren. Y lo que piden es tan lógico como esencial: que sean considerados como agentes de la autoridad, con la consiguiente protección jurídica que acarrea ostentar este status a nivel legal; que se revise con urgencia el sistema de clasificación interior y ubicación de los internos más peligrosos, para acabar con situaciones de descontrol interno; un nuevo protocolo integral para garantizar la prevención y eficaz actuación frente a las agresiones por parte de los presos; que a los empleados se les dé formación en materia de defensa personal; y que se cubran las nuevas necesidades en áreas clave como vigilancia, tratamiento y asistencia sanitaria.

Cualquier ciudadano de bien ve en estas propuestas algo absolutamente necesario, prudente, sensato y razonable, menos nuestro ínclito ministro amante del tenis, que se empeña en negar la mayor, mantener un Ministerio clave sumido en el caos, levantado en armas contra su falta de acción en lo necesario y su sobreactuación cuando le conviene a él o al presidente Sánchez. Como dice el gran José Mota: «Que sepas que ser, eres».