Ni Pumpido se atreve a salvar la Ley Trans

El Tribunal Constitucional concluyó esta semana el primer debate sobre la «ley Trans» sin acuerdo y sin fecha para retomarlo. Hasta el bloque progresista se ha desentendido de una ley jurídicamente inviable. España ha sido pionera en muchas conquistas sociales, pero hay veces que correr demasiado no es avanzar, sino tropezar. La «ley Trans», que permite a cualquier persona cambiar de sexo en el registro civil con una simple declaración de voluntad, sin diagnóstico médico ni requisitos físicos, es un ejemplo paradigmático de cómo la política identitaria puede equivocarse yendo por delante de los consensos científicos, jurídicos y sociales.

El Gobierno de Sánchez nos la vendió como un gran avance en derechos. Pero ni un Tribunal Constitucional de mayoría progresista ha sido capaz de concluir que no genera inseguridad jurídica y social. Basta con mirar a nuestro alrededor para comprobar que los axiomas con los que nos han martilleado están siendo puestos en discusión y revisados. En el Reino Unido, la polémica reforma de Escocia, que permitía el cambio registral sin diagnóstico, ha sido frenada en Londres. En Suecia y Finlandia también se han puesto límites más prudentes. Y en Francia, como ocurrió en España, el debate ha estallado dentro del feminismo.

Aquí, ese feminismo de pancarta, que echa en la hoguera al que no comulgue con sus exigencias, ha impuesto que una visión individualista e identitaria de género borre los límites que, con mucho esfuerzo, han protegido otras luchas igualmente legítimas, como la del feminismo de verdad o la infancia. Por supuesto que no se trata de negar la existencia de las personas trans ni de dejar de protegerlas y respetar su dignidad. Pero en nombre de la inclusión no se puede legislar sin la necesaria prudencia y coherencia.

Veremos qué decide finalmente el Constitucional, cuyo presidente, el señalado Cándido Conde-Pumpido, se negó a pronunciarse en el debate en el que no hubo acuerdo. Pero esta ley, como la del sí es sí, son dos símbolos de una etapa política en la que el sectarismo ideológico se ha impuesto a la razón sin valorar el daño que hacen incluso a aquellos que dicen proteger. La izquierda radical ha diluido el concepto legal de mujer, ha puesto en cuestión todas las políticas públicas basadas en el sexo, como las cuotas, los estudios estadísticos, la protección laboral o los protocolos de violencia de género. Pero ahí siguen, dale que dale, a la espera de que Pumpido encuentre la manera de regalarles la razón.