Tarde, mal y sin apoyos. Así presentará el Gobierno la senda de estabilidad para los próximos años, paso previo a la presentación de los Presupuestos, el objetivo de deuda, el reparto del déficit y, al menos, un primer acercamiento sobre la estancada y atascada reforma de la financiación autonómica. Para ello, María Jesús Montero convocará por fin y con siete meses de retraso el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), lo que impide de facto que las futuras cuentas generales se aprueben antes de final de año y que puedan entrar en vigor el 1 de enero, como estipula la Constitución. En el CPFF, el Gobierno juega con las cartas marcadas y dispone de la banca y el comodín, ya que solo necesita el voto a favor de al menos una autonomía para sacar adelante su propuesta, al margen de lo que suceda posteriormente en el Congreso. Y aunque Junts ya le ha espetado que tiene su «no» a todo lo que huela al PSOE, con que alguno de los gobiernos regionales que aún conserva le dé su apoyo –ya sea Asturias, Navarra o Castilla-La Mancha–, podrá validar su plan y pasar al siguiente trámite, que ya será otro cantar. La senda de estabilidad debe ser aprobada en el Congreso –algo más que dudoso con tanto veto activado–, pasar al Senado –que rechazará la propuesta con la mayoría del PP–, por lo que volverá a la Cámara Baja, para intentar retirar ese veto. Pero como tampoco resultará aprobada, porque tiene cada vez menos «amigos» fiables, el Gobierno tendrá que volver a aprobarla –ya sea la misma o una nueva con los cambios que les exijan y traguen– y presentarla en el plazo de un mes, para repetir la misma tramitación y, si nada cambia, el mismo resultado. Con ello, si la nueva senda es rechazada, entrarán en vigor los objetivos remitidos a Bruselas, que le permitiría elaborar unos Presupuestos de nuevo inaprobables, una situación que le llevaría por tercera vez consecutiva a prorrogar las cuentas de 2023 tras perder el juego del ratón y el gato.