La razón de Estado o la razón de gobierno, y la ética de la razón

La razón de Estado es un concepto de la ciencia política que se ha empleado desde el Renacimiento. Se utiliza como justificación para acciones que, aunque puedan contravenir las normas éticas y legales, se consideran necesarias para preservar la continuidad y la supervivencia del Estado.

Vemos en la actualidad, en algunos países, que al superponerse maliciosamente Estado con gobierno y muchas instituciones del Estado estar colonizadas por el gobierno de turno, el partido que lo sustenta y la coalición que lo apoya, es fácil de colegir que la razón de Estado se está moviendo peligrosamente hacia la razón de gobierno.

Asumiendo lo anterior, la razón de gobierno justifica medidas excepcionales tomadas por un gobernante para mantener o fortalecer la salud y la fuerza del gobierno y la supremacía del partido que lo sostiene, justificada como protección del gobierno del Estado. Se basa en la premisa de que la supervivencia del gobierno es necesaria para el bienestar, bien común y progreso de la sociedad y por tanto es un valor superior a otros derechos individuales o incluso colectivos, o al menos de algunos de ellos, y en que la ideología que lo apoya está por encima de todas las demás, que por definición son perniciosas. Cualquier alumno de ciencias políticas se preguntaría, ¿eso no está lejos de las prácticas democráticas?

En consecuencia, la razón de gobierno no implica que las decisiones políticas, tanto de política interna como de política exterior, estén necesariamente sujetas a consideraciones éticas o legales. Por ello, el juicio político se separa del juicio ético o moral y el gobierno se desvincula de las normas jurídicas y éticas aplicables a los ciudadanos.

Esa razón de gobierno, para imponer una decisión, soslayando incluso las leyes mediante una interpretación sesgada de las mismas, está muy unida a dos aspectos a considerar: El primero, el fin justifica los medios, porque el fin naturalmente es bueno y beneficioso para la sociedad, y el segundo, el gobierno actúa en nombre de la soberanía nacional y por ello está legitimado a aprobar leyes, que incluso vayan en contra de la Ley constitutiva del Estado donde se marcan las reglas del juego democrático y los límites que no se deben pasar. Lo cual no es cierto; la soberanía nacional reside en las Cortes o en los Parlamentos, no en el gobierno, y se materializa en un equilibrio entre mayorías y minorías. Por ello, eso del gobierno del pueblo o de la mayoría social es una impostura inaceptable.

Al ser la Constitución una Ley constitutiva no se le puede aplicar la norma general de «lo que no prohíbe la ley se puede hacer». Muy al contrario, en este caso se aplica el «lo que no autoriza expresamente la Ley de leyes, no se puede hacer», pues afecta a la organización del Estado y a los límites que se impone a la acción de gobierno, de lo contrario sería un caos institucional.

Por el contrario, la ética de la razón se refiere a la aplicación de principios morales y racionales en la toma de decisiones. Aquí, la ética guía las acciones de acuerdo con valores universales y el respeto a los derechos individuales. A diferencia de la razón de Estado, o como decimos, la razón de gobierno, la ética de la razón busca armonizar los intereses del Estado con los principios éticos fundamentales y los principios y valores establecidos en la Constitución.

La razón y la ética son dos conceptos fundamentales en la formación de una sociedad donde los principios de Justicia e Igualdad prevalezcan. La razón deriva del conocimiento y la ética dirime qué comportamiento o acción, o incluso ley, es justa o injusta, correcta o incorrecta.

Como nos recuerda Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en su libro ¿Para qué sirve, realmente, la Ética? «Ninguna sociedad puede funcionar si sus miembros no mantienen una actitud ética. Ningún país puede salir de ninguna crisis y progresar si las conductas inmorales de sus ciudadanos y políticos siguen proliferando con toda impunidad». O también, «Si no tomamos nota de lo cara que sale la falta de ética, el coste de la inmoralidad seguirá siendo imparable y seguirán pagándolo los más débiles».

Luis Feliu Bernárdezes general de brigada (r) y miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares.