Las Constituciones de los países democráticos tienen como objetivo establecer un sistema de convivencia con voluntad de alagarse en el tiempo, aportando estabilidad política y social. Eso no significa que no se puedan reformar. Y, de hecho, todos los textos constitucionales incluyen la fórmula a seguir para su propia reforma.

Como regla general, la pretensión lógica de los parlamentos constituyentes es que el texto legal ofrezca márgenes amplios, en los que quepan cómodamente diferentes ideologías, representadas por partidos políticos que asumen dos conceptos básicos en democracia: el respeto al adversario y al propio texto constitucional. Y eso es lo que se ha roto.

Cuando un líder político considera que la Constitución se le queda estrecha para sus ansias de poder, primero trata de convencer a los demás de la necesidad de reformarla. Y, cuando es evidente que no cuenta con los apoyos suficientes, se entra en la segunda fase: hacer lecturas creativas de la Constitución, con la soltura propia de quien se considera legitimado para, parafraseando al refrán, convertir su capa en un sayo.

Un movimiento muy oportuno para conseguir el objetivo consiste en moldear el Tribunal Constitucional al gusto de quien quiere reinterpretar la Constitución. Así lo ha hecho Donald Trump con la Corte Suprema de Estados Unidos, y así lo ha hecho Pedro Sánchez en España, con el necesario concurso del PP. Y el resultado está a la vista.

Las Cortes Constituyentes no quisieron incluir la amnistía en nuestra norma básica, y ahora se establece el nuevo principio de que «aquello que no está prohibido, está permitido». El artículo 86.1 establece que solo pueden dictarse decretos-leyes «en caso de extraordinaria y urgente necesidad», y el Consejo de Ministros los aprueba por docenas. Y ahora, Moncloa va a fijar para Cataluña una fórmula de financiación calificada como federal, cuando España es un Estado autonómico.

No hay problema: el nuevo principio rector es aquel que establece que la Constitución no dice lo que dice, sino lo que el líder quiere que diga; se reforma sin necesidad de reformarla. Es uno de los efectos que tiene el exceso de poder político unipersonal.