El sanchismo como Fuente del Derecho

A pesar de los esfuerzos de la izquierda política y mediática, así como de algunos leguleyos ansiosos de hacer méritos, la realidad es que hay un amplio consenso sobre la inconstitucionalidad de la proposición de ley de amnistía. No conozco a ningún jurista que defienda lo contrario. Es cierto, que el Gobierno confía en Conde-Pumpido, ya que ha demostrado una lealtad a Sánchez que está a prueba de bomba. No hay inconstitucionalidad que no arregle un buen pumpidazo. Los letrados de las Cortes Generales adscritos a la Comisión de Justicia han elaborado un informe que confirma que la amnistía no tiene cabida en la Constitución y que sería necesaria una reforma. Es agotador discutir sobre un tema tan evidente con políticos que no creen en la separación de poderes y el Estado de Derecho. La amnistía de 1977 no tiene nada que ver con la que se plantea ahora y no puede ser esgrimida como un antecedente salvo por Pumpido y sus huestes en el TC que han incluido la doctrina sanchista como fuente del Derecho.

Es más, creo que se debería hacer una reforma del artículo 1.1 del Código Civil para que señale que «las fuentes del ordenamiento jurídico español son el sanchismo, la Constitución, la Ley, la costumbre y los principios generales del derecho». Por tanto, con esta modesta modificación unida a lo que establece el siguiente punto de que «carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior», Sánchez se ahorraría muchos sinsabores con estos juristas y políticos que no entienden que la reformulación del sistema de separación de poderes inspirada por el Grupo de Puebla se sustenta en la superioridad del Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial. La realidad, tras esta incursión en los sueños de la izquierda sanchista, es que no existe un principio jurídico sólido que fundamente la amnistía. Es uno de los mayores despropósitos en que incurrirá el Poder Legislativo desde que se aprobó la Constitución de 1812. Nunca he cuestionado el indulto, aunque critiqué su aplicación en políticos y corruptos, pero no puedo aceptar una amnistía inconstitucional para comprar la presidencia del Gobierno. Y Sánchez sabe que tengo razón.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)