Sin transparencia, la democracia es menor

El Gobierno de Pedro Sánchez ha adolecido desde su génesis de una singular relación con la verdad, que debiera ser una virtud capital para cualquier servidor público en un régimen liberal, y no digamos en el caso del jefe del Ejecutivo y sus ministros. La hemeroteca está plagada como con ninguna otra administración que se recuerde en democracia de referencias que empañan y cuestionan la versión oficial. Que se desvirtúe el concepto de ejemplaridad es altamente nocivo para la salud de un estado de Derecho, que se naturalice que las narrativas institucionales no ya que reinterpreten los hechos, que puede ser legítimo, sino que burlen y fabulen, representa una involución alarmante del concepto de responsabilidad pública. En España la izquierda gobernante se ha desentendido de obligaciones consustanciales al sistema parlamentario y de opinión pública. Desde la colonización de las instituciones, sumiéndolas en un desprestigio que no será sencillo de superar, hasta la marginación de los organismos consultivos constitucionales, convertidos en poco menos que convidados de piedra como si su labor resultara accesoria, pasando por una práctica suspensión del Parlamento, arrumbado en el papel de una singular oficina más de La Moncloa receptora de una tromba de decretos. Recordar que Pedro Sánchez clausuró el Congreso durante la pandemia de manera inconstitucional, lo que no había sucedido ni en la Guerra Civil, es referirse a un perfil más cómodo en la arbitrariedad que en el control externo e independiente de sus decisiones. Que eso es así lo refrenda además el balance del día a día del Portal de Transparencia y Buen Gobierno, que retrata a una administración con un abuso intolerable de la opacidad como hábito. LA RAZÓN adelanta que el Gobierno de Pedro Sánchez recibe 2,5 reclamaciones al día por ese desempeño turbio hasta sumar más de 944 únicamente entre enero y octubre de 2022, último dato disponible. Esa cifra se eleva de manera dramática hasta las 4.661 quejas desde que Pedro Sánchez llegó al poder, instante en el que se dispararon las denuncias, estableciendo récord tras récord. Es ya norma de la administración socialista y podemita acumular apercibimientos por declarar secretas o confidenciales informaciones que deben ser públicas. El Gobierno está obligado por Ley a responder a esas cuestiones de acceso regulado, pero libre. No es algo voluntario ni discrecional, aunque, con Sánchez en el poder, no lo parezca en absoluto. La democracia es sobre todo rendición de cuentas por la gestión de los asuntos públicos. Controles y equilibrios, contrapesos contra el despotismo. Pero la izquierda está lejos de entenderlo y aceptarlo cuando ni asume siquiera un error tan flagrante como el del sólo sí es sí. Una administración que se envuelve en las sombras, además de peligrosa, nos aboca a vivir en una democracia menor.