América Latina, a peor

Desde el pasado fin de semana y hasta este martes se ha desarrollado en Santiago de Chile la 70ª asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), una organización que agrupa a los dueños, editores y directores de 1.300 diarios y revistas de todo el continente americano.

Más allá de debatir sobre problemas globales del sector de los medios, como la transición hacia lo digital, la publicidad on-line o analizar experiencias exitosas en medios locales y regionales del continente, los últimos días del encuentro se centraron en analizar la situación de la libertad de prensa en la región, justo cuando se cumplen 20 años de la conocida como Declaración de Chapultepec, firmada en esta ciudad mexicana en 1994 y que, básicamente, decía que «ninguna ley o acto de gobierno puede limitar la libertad de expresión o de prensa, sin importar el medio de que se trate».

Y el balance de estas décadas no parece demasiado satisfactorio a tenor de los datos y de las declaraciones de los propios participantes en la asamblea. De hecho, el propio canciller chileno, Heraldo Muñoz, aseguró durante una de las ponencias que «no puedo menos que reprobar que América Latina siga siendo, 20 años después, un territorio peligroso, si lo miramos en su conjunto, para el ejercicio del periodismo». De hecho, la propia SIP reconocía que en la región se vive un retroceso en la libertad de prensa, la concentración estatal de los medios en algunos países, y agresiones a periodistas. Según cifras de este organismo, en lo que va de año han muerto 17 trabajadores de medios. En la actualidad, «muchas acciones antidemocráticas amenazan la libertad de prensa en el continente», dijo Elizabeth Ballantine, presidenta de la SIP, durante su intervención en el acto.

Especial preocupación causaron las realidades de Ecuador, México, Venezuela y Bolivia, al darse a conocer los atropellos, amenazas y vejaciones constantes de que son víctimas tanto los propietarios de los medios como los propios periodistas, por parte del aparato estatal de sus respectivos países. En Ecuador, por ejemplo, los medios están «supervisados» por el gobierno de Rafael Correa y se ha creado una Superintendencia de Comunicaciones, que designará un funcionario-censor para cada uno de los 61 medios de cobertura nacional, cuyos honorarios, además, correrán por cuenta de cada empresa. En el caso de Bolivia, además de presiones hacia los medios críticos con el Gobierno, se denunció la compra por parte del Gobierno de Evo Morales de una serie de cadenas de radio y televisión, así como de medios escritos regionales, que han pasado a ser propiedad del Estado.

Sobre Venezuela, la SIP destacó que más de 30 medios impresos están afectados por la escasez de papel, y al menos 12 han dejado de imprimirse temporal o definitivamente. A esto se une el control estatal, «sobre todo en el espectro radial, televisivo, escrito, tendencia que ahora también se expande hacia las redes sociales». En cuanto a Argentina, la SIP considera que «el clima de libertad de prensa sigue siendo adverso», con «ataques oficiales y paraoficiales contra quienes ejercen la crítica» y «abusos en el reparto de la publicidad oficial, la falta de acceso a la información pública y la discrecionalidad regulatoria y administrativa».

El incremento de las agresiones contra periodistas en Colombia o Paraguay o el no respeto por parte del Gobierno de Nicaragua de la Ley de Acceso a la Información Pública son algunas más de las críticas de la asamblea de la SIP a la situación de la libertad de prensa en América Latina.