FILTRACIONES

La corrupción política, sea del signo que sea, venga del partido que venga, viene llenando, un día sí y otro también, los informativos de los medios de comunicación, hasta tal punto de que, tras la crisis económica, los políticos se han convertido en el principal problema de los ciudadanos. Comisiones ilegales, financiación irregular, espionaje, adjudicaciones fraudulentas, trato de favor... Los casos son muchos y variados pero si hay algo en común que los unifica a casi todos es que la mayoría de ellos han sido destapados por los medios, incluso antes de que exista una actuación judicial de por medio. Es más, en demasiadas ocasiones son los tribunales los que van a remolque de las informaciones aparecidas en la prensa, la televisión o la radio y empiezan a actuar a raíz de las denuncias publicadas. En otras ocasiones, los casos nacen de información filtrada por los propios tribunales, abogados, fiscales... haciendo que el denominado secreto del sumario quede en poco más que papel mojado.

Pero entones, ¿para qué sirve el secreto sumarial? No debemos olvidar que la violación del secreto de sumario es un delito y que su vulneración afecta a las dos partes del proceso: tanto al investigado porque puede comprometer su intimidad o privacidad, como al propio juez, ya que la publicación de determinados datos le puede impedir el éxito de la investigación, objetivo último por el que se decreta dicho secreto.

Evidentemente, el filtrador, sea quien sea, siempre es parte interesada y la obtención de la información obedece, sin demérito del trabajo periodístico, a un interés; alguien no pone en manos de un periodista un proceso sumarial por amor a la verdad, sino para obtener algo a cambio, de modo que, en este sentido, los medios le hacemos el juego a la fuente.

Pero, en última instancia, no deberían actuar las autoridades antes estas filtraciones, puesto que se trata de un delito. En realidad, estos casos ni siquiera se investigan. En realidad, encontrar a los culpables es realmente difícil –aunque no imposible–, ya que los receptores de las filtraciones, periodistas, se amparan en el secreto profesional para no revelar sus fuentes.

Tanto en estas situaciones como cuando se publican supuestas pruebas, como ocurrió recientemente con unas fotocopias que según el medio que las dio conocer demostraban una contabilidad en el PP, no hacen otra cosa que vulnerar la presunción de inocencia de los afectados, pues en la mayoría de los casos se inicia un juicio paralelo que dicta sentencia independientemente de lo que digan los tribunales.

¿Qué ocurriría si se demuestra que los supuestos «papeles de Bárcenas» son falsos, están manipulados o, simplemente, un juez no los admite como prueba por no poder demostrarse su autenticidad? Pues que la reputación del medio puede quedar ligeramente tocada, pero poco más. La mayoría de la gente que ha querido creer que eran auténticos seguirá creyéndolo y el daño estará hecho. El «difama que algo queda» más patente que nunca en estos casos.

Habrá quien diga que la publicación de todas estas informaciones obedece a la obligación moral del periodismo de contar la verdad o de dar a conocer los trapos sucios. Sí, pero, la verdad, ¿qué verdad?, los trapos sucios ¿de quién, todos? Sin duda, hay que ser extremadamente cuidadoso con estos temas porque, aparte de vulnerar derechos, siempre le hacemos el juego a una de las partes y una exclusiva no justifica cualquier daño irreparable. ¿O sí?