¿Qué hacer con «Doing Business»?

Por presiones de China y otros Estados, el Banco Mundial está examinando la posibilidad de suspender la publicación de su informe «Doing Business». Ha pedido a Trevor Manuel, ministro del Gobierno de Suráfrica durante mucho tiempo, que encabece una comisión para examinar ese asunto.

«Doing Business», ideado, entre otros, por mi colega de Harvard Andrei Shleifer y Simeon Djankov, miembro del personal del Banco Mundial que más adelante pasó a ser ministro de Hacienda de Bulgaria, calibra indicadores como el tiempo y el costo necesarios para registrar una empresa, pagar los impuestos, ejercer el comercio transfronterizo, obtener un préstamo, conseguir un permiso de construcción o hacer cumplir un contrato. De facilitar los datos se encargan bufetes de abogados que rellenan un cuestionario sobre los requisitos legales y administrativos para realizar esas tareas.

El proyecto surgió a partir de una pregunta que se desprende de las investigaciones y que atañe al núcleo del debate sobre el papel adecuado y las motivaciones reales del Estado al regular los mercados: ¿existe la reglamentación para lograr un objetivo social loable o principalmente para obtener ingresos? Hace mucho que esta pregunta divide a los economistas a lo largo de un eje derecha-izquierda, al menos desde que los economistas de la Universidad de Chicago George Stigler y Milton Friedman sostuvieron que muchos –si no la mayoría– de los reglamentos estaban motivados por el deseo de obtener ingresos por parte de burócratas y empresas con una posición dominante.

El proyecto «Doing Business» calcula docenas de indicadores diferentes a partir de los cuales se obtiene un promedio. Como ocurre con todos los indicadores numéricos con los que se intenta expresar una realidad muy compleja, siempre hay margen para mejorarlos.

A mí, personalmente, los indicadores subyacentes me parecen más informativos que el promedio. Al obtener el promedio, se da por sentado que todos los componentes son substitutos: si no se puede mejorar uno, se puede compensar mejorando otro; pero yo los concibo como complementos: si no se puede construir una fábrica, no se obtendrán beneficios de una reglamentación comercial más favorable. Un solo problema puede ser fatal, aun cuando otros indicadores sean sólidos.

Además, «Doing Business» calibra la carga que representa el cumplimiento de la reglamentación, no su eficacia. Los indicadores no castigan a un país que autoriza a poco precio y con diligencia proyectos de construcción pésimos, importaciones peligrosas o usos laborales abusivos.

Sin embargo, las cargas en algunos países son tan evidentes, que sólo se pueden explicar como consecuencia exclusiva de la ineptitud o de actitudes depredadoras. Al revelar ciertas ineficiencias estatales, el informe ha galvanizado la presión para racionalizar los procedimientos y muchos países han adoptado políticas para reducir la carga que sus reglamentaciones imponen a sus ciudadanos.

Los índices nombran y avergüenzan a los que obtienen resultados deficientes, por lo que no es de extrañar que esos países –como China, que ocupa el puesto 91º–pongan objeciones a «Doing Business». Ésa debería ser una razón suficiente para continuar con el informe; de hecho, que China tenga la mayor tasa de inversión indica que, pese a los indicadores de «Doing Business», es posible hacer negocios en ella.

La idea de crear y hacer público un índice con clasificaciones de países es una estrategia adoptada por muchas organizaciones y movimientos sociales para dar a conocer cuestiones como la corrupción, la gestión idónea, la libertad, la igualdad entre los sexos, la competitividad, conocimientos especializados relacionados con la producción y el ambiente para la inversión, entre otras. El problema principal que plantean dichos índices no es tanto el de cómo se calculan cuanto el de cómo se utilizan.

En general, de lo que hacen mejor esos índices es de catalizadores para el debate sobre una cuestión. En cambio, funcionan muy mal cuando se los considera un marco normativo. Se suele pensar –aunque casi nunca acertadamente– que el objetivo normativo debe ser el de mejorar las posiciones de los países en la clasificación.

Por ejemplo, en un estudio reciente, Shleifer y sus coautores calibraron la eficacia estatal enviando cartas a empresas inexistentes de 159 países y observando cuánto tardaban en regresar a sus remitentes o si siquiera volvían.

Descubrieron que ese indicador estaba en correlación perfecta con muchos otros indicadores estatales.

Por lo general, los países que administran mal el correo administran también mal otras organizaciones, pero de ello no se sigue que si un país quiere mejorar la eficacia estatal, deba centrarse en la pronta devolución de cartas con la dirección errónea.

Este aspecto es aplicable al informe «Doing business». Por ejemplo, para calibrar la dificultad en materia de obtención de permisos, sus indicadores examinan la carga que representa la obtención de un permiso para la construcción de un almacén, pero las empresas deben ocuparse de los permisos impuestos en muchos sectores –como, por ejemplo, aparatos médicos y medicamentos, emisoras de radio, minas, bares, bancos, compañías de seguros, compañías aéreas y taxis– que no están incluidos en los indicadores del informe, aun cuando puedan ser obstáculos importantes para realizar actividades económicas. Los países que consideran que un objetivo normativo es el de aumentar su posición en la clasificación carecen de incentivo para mejorar los procedimientos de concesión de permisos relativos a cualquiera de esos otros sectores.

Además, en el atlas de complejidad económica, mis coautores y yo mostramos que dichos indicadores están poco relacionados –en caso de que lo estén– con el crecimiento económico. Su mejora no pronostica más dinamismo económico. Muchos países –incluidos Colombia, Liberia, México y Arabia Saudí– han convertido en determinado momento la mejora de su posición en la clasificación de «Doing Business» o en la del Informe sobre la competitividad mundial en un objetivo normativo, lo que los ha desviado de la tarea de centrarse en lo importante, en lugar de en lo incluido en el índice.

En cambio, los países deben centrarse en el objetivo fundamental: lograr un rápido aumento del número de empleos productivos. El imperativo consiste en encontrar formas de hacerlo y la forma mejor es mediante unas profundas y ricas relaciones recíprocas entre el Gobierno y la sociedad. Las referencias internacionales pueden ser útiles para hacerse una idea de los resultados que se pueden obtener en un sector determinado; cuanto más, mejor, pero lo principal es mejorar en los sectores que más importan, independientemente de si los indicadores actuales los abarcan.

Copyright: Project Syndicate, 2013