La falsificación de títulos universitarios de la que se acusa al presidente de los socialistas valencianos y, desde ayer, exdelegado del Gobierno para la Dana, José María Ángel Batalla, ni es un asunto menor ni puede compararse con otros casos recientes de inexactitudes y fantasías en los estudios de otros políticos. En primer lugar, porque los títulos universitarios oficialmente expedidos entran en la categoría de documentos públicos, y la falsificación de un documento público, especialmente si la comete un funcionario, está muy perseguida penalmente. Hay otra consideración más para no despachar el asunto como una triquiñuela más, otra muestra del inveterado nepotismo del PSOE con los puestos de trabajo en la Administración Pública, y es que con la falsedad el señor Batalla se labró una carrera como funcionario que no habría tenido con los estudios que realmente hizo y que perjudicó a otros.