«Mordidas» a cambio de contratos

Agentes de la Guardia Civil han dejado en libertad a cuatro de los 32 detenidos de distintas administraciones y de varios partidos políticos dentro de la operación Enredadera, que formaban una supuesta trama para obtener contratos públicos de forma fraudulenta.

La «Madeja» ya es toda una «Enredadera». La Guardia Civil, siguiendo instrucciones de la jueza de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, arrancó a primera hora de ayer en las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria una nueva operación contra la corrupción como prolongación de la llamada «operación Madeja». «Enredadera» se ha denominado una intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) que supera la treintena de detenciones y que conllevó el registro de varias diputaciones provinciales, entre ellas la de Sevilla, así como sedes de empresas. A los arrestados se les imputan presuntos delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración del precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización criminal. La Guardia Civil trata de cuantificar ahora el importe al que han podido ascender las «mordidas» en la «operación Enredadera» para la obtención de contratos, a lo que habría que sumar los 700.000 euros en comisiones que se barajan en la «Madeja».

De los 32 detenidos, 22 han sido arrestados en Andalucía. En la capital andaluza, la UCO concluyó sobre las 16:00 el registro en la Diputación, centrada en el despacho del jefe del servicio de Carreteras, Carlos Podio, que fue arrestado. El ente supramunicipal, que realizó una investigación interna tras la segunda fase de la «operación Madeja» –diciembre de 2013– en la que no detectó ninguna irregularidad, abrió ayer expediente, expulsó al alto cargo tras su detención y ordenó que la institución se persone en la causa como acusación. Según la propia Diputación, Podio se reincorporó a su puesto hace unos días después de «cerca de un año de baja por enfermedad». Elías Oliver, funcionario de carrera de la Diputación de Sevilla ya jubilado y otrora jefe de servicio de la institución, también fue detenido. Entre los arrestados también se encuentran el teniente de alcalde de La Carolina (Jaén), el popular Cristóbal Pérez, que también era concejal de Participación Ciudadana, Deportes, Festejos, Turismo, Limpieza y Relaciones Institucionales, así como dos personas más (el jefe de servicio de Infraestructuras de la Diputación de Jaén y un técnico del Ministerio de Fomento). El alcalde de La Carolina, Francisco Gallarín, dijo que el Ayuntamiento ha tenido tres obras con la empresa investigada: el césped artificial de un campo de fútbol en el anterior mandato y una pista de pádel y el patio de un colegio en el actual. En Granada, los agentes de la UCO arrestaron a una ex empleada de Fitonovo, de 39 años. En Canarias, se arrestó al portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín, y a un representante de Fitonovo en Gran Canaria.

La Guardia Civil detuvo también a Carlos Gamito, asesor jurídico de Fitonovo, así como a un jefe de Sección de la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura. En Zaragoza, según pudo saber este diario, se ha detenido a una decena de trabajadores del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en la capital aragonesa, algunos ya jubilados. Según fuentes de la investigación, se trata de funcionarios de tercer y cuarto nivel que adjudicaban contratos de mantenimiento y similar. En Córdoba hay cinco detenidos.

La juez Alaya citó ayer a los empresarios de Fitonovo implicados: José Antonio González Baró y Rafael González Palomo, así como al administrador de Fiverde, Ángel Manuel Macedo. La magistrada amplió declaración a los tres imputados a través de un auto que leyó de forma conjunta y en el que señaló el supuesto pago de 85.000 euros que Fitonovo habría realizado a Antonio Miguel Ruiz Carmona, vinculado a IU y también detenido ayer. Carmona era técnico asesor del Área de Infraestructuras para la Sostenibilidad cuando Torrijos era delegado de ese área, en el anterior mandato, con Monteseirín. El pago referido se produciría en una caja de zapatos y antes de las municipales de 2011. IU, a través de un comunicado, anunció que, de confirmarse los hechos, expulsará a su militante. Antonio Miguel Ruiz, hasta que se aclare la situación, ha sido apartado como representante de IU en la Comisión de Mercados Ambulantes.

La Fiscalía solicitó fianzas de responsabilidad civil de 3,5 millones para los empresarios, a los que la juez Alaya dejó en libertad con cargos. Los tres empresarios se acogieron a su derecho a no declarar tras lo que el Ministerio Público pidió una fianza civil de dos millones para Rafael González Palomo; un millón para su hijo José Antonio González Baró; y 0,5 millones para Ángel Manuel Macedo. Joaquín Peña, ex director de área de Medio Ambiente ya con Zoido como alcalde, también se acogió a su derecho a no declarar, alegando que no pudo leer la imputación formal. La Fiscalía de le solicitó una fianza civil de 200.000 euros y la juez le imputó los delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, entre otros.

A última hora, la magistrada atendió una petición de la Fiscalía y ordenó el ingreso en prisión eludible con el pago de una fianza de 180.000 euros del director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Bruguera, quien fue conducido a la cárcel por la Guardia Civil al no poder hacer frente a la fianza impuesta. En los próximos días seguirán nuevas declaraciones.