Illa tiene ya un plan a los ocho meses de estallar la pandemia

Ocho meses después del estallido de la pandemia, el Ministerio de Sanidad ha fijado por fin en un documento los criterios básicos para actuar en aquellos territorios en los que el impacto de la Covid-19 alcance niveles alarmantes. Desde el punto de vista sanitario, el texto no merece reproche. Se podrán cuestionar sus niveles de exigencia o la mayor o menor dureza de las medidas propuestas para contener la enfermedad, pero permite al menos marcar un criterio común que impida arbitrariedades como la que el propio Gobierno cometió con Madrid, en donde Sanidad improvisó unos umbrales sobre la marcha con el único fin de dar un golpe político y declarar el estado de alarma en la capital. Con unos parámetros básicos negociados con las comunidades, intervenciones de este tipo podrán producirse en cualquier feudo en el que el virus dé señales inquietantes, con independencia de quién lo gobierne, lo que afectaría también a Navarra, Aragón, La Rioja, gobernadas por el PSOE, y a Ceuta y Melilla, cuya sanidad es gestionada por el Estado. Todas ellas están ya prácticamente peor que la capital cuando se ordenó su intervención. Llama también la atención que tan importante documento haya tardado tanto en ver la luz.

Dice el refrán que más vale tarde que nunca, pero desde luego habría sido deseable que su redacción hubiese estado lista al concluir el estado de alarma o, si se prefiere, en los meses de julio o agosto. En lugar de ello, el Gobierno sesteó. Y lo hizo también Sanidad, que ha perdido un tiempo precioso en la contención de la pandemia. Al final, ha tenido que hacer lo que le pedía la sabia Ana Pastor.