La asfixia financiera, última entrega del culebrón Muface

Al igual que ocurre con las terceras dosis de las vacunas contra la Covid-19 y con la segunda, en el caso de la de Janssen, el culebrón que vive el modelo Muface parece no tener fin. Esta semana, la Sanidad privada y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han vuelto a avisar del fuego que abrasa este sistema sui generis del que se benefician 1,8 millones de funcionarios y mutualistas al denunciar de forma pública que su viabilidad corre peligro si persiste la asfixia financiera en la que vive desde hace años. Y parece que no van desencaminados.

La patronal de la Sanidad privada, Aspe, ha destapado que el concierto que se está negociando para los próximos tres años incluye una subida de las tarifas del 10%. Aparentemente, se trata de un porcentaje elevado, pero las clínicas denuncian que resulta a todas luces insuficiente para que las aseguradoras se mantengan dentro del modelo manteniendo la calidad del servicio prestado.

En estos momentos, las arcas públicas desembolsan de media 917 euros por la atención de cada mutualista y beneficiario. En la Sanidad pública, cada asegurado tiene un coste de 1.368 euros. Es imposible hacer más por menos. CSIF ya ha advertido por su parte de que no permitirá que Muface muera por inanición. La organización que preside Miguel Borra recuerda que el Gobierno destinó un fondo de 16.000 millones a las comunidades autónomas para hacer frente al sobrecoste de las hospitalizaciones y tratamientos derivados de la Covid en la sanidad pública. La atención sanitaria al colectivo de funcionarios no ha recibido, en cambio, ninguna compensación para afrontar el gasto ocasionado por el virus durante la pandemia.