El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó hace algunas semanas un estudio sobre opinión pública y política fiscal en el que se explica que el 77,1% de los ciudadanos considera que se destinan «muy pocos» recursos a financiar la Sanidad.

Más allá de las más que razonables dudas existentes sobre la precisión y la credibilidad del CIS, el trabajo cuantifica una crítica que los pacientes, los profesionales sanitarios… que el sector salud en conjunto lleva planteando muchos años sin obtener soluciones.

¿Dará prioridad el Gobierno ahora a la resolución del problema de solvencia existente en nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS)? Estaría bien, aunque la ausencia de Presupuestos Generales del Estado actualizados desde 2023 no invita al optimismo para ver paliada, cuanto menos, una situación compleja y agravada, además, por la necesidad también desatendida de reformas en las formas de gestión que favorezcan la optimización de los recursos y la maximización de los resultados.

Septiembre ha sido siempre un buen mes para materializar buenos propósitos con las energías renovadas durante el verano y aunque el Ministerio de Sanidad tiene muchas heridas abiertas actualmente –nueva huelga de médicos, Ley del Medicamento’ estancada…–, sanar las evidentes insuficiencias de financiación SNS sería la mejor forma posible de afrontar el final del año y quién sabe si de la legislatura. No obstante, el remedio llegará de la mano del consenso real con las comunidades autónomas o no llegará, y es ahí donde la ecuación se complica –todavía más, si cabe– porque si bien la sostenibilidad de los servicios públicos en nuestro país se antoja, digamos, poliédrica, la cohesión territorial es, sin duda, el nudo gordiano de la política nacional presente.