Mónica García viste con una ley otro ataque a Madrid

Famosa por torpedear todo lo que pudo el Hospital Isabel Zendal en plena pandemia durante su etapa opositora en Madrid, la ministra de Sanidad ha lanzado a consulta pública la Ley de Gestión Pública e Integrada del Sistema Nacional de Salud. Bajo este rimbombante título, dicha norma no esconde en realidad más que un burdo intento de aniquilar la Ley 15/1997, que permitió introducir el derecho privado en el anquilosado sistema sanitario público para revitalizarlo, y propinar de paso un duro ataque a las comunidades del PP y, más concretamente, a Madrid, en donde la colaboración público-privada ha cuajado con gran éxito, para fortuna de sus pacientes.

Conviene no olvidar que en este territorio Isabel Díaz Ayuso arrasa a la izquierda y ultraizquierda elección tras elección, entre otras cosas, porque la Sanidad que ella gestiona funciona mil veces mejor, con sus defectos, que los tiene, que en las autonomías que ha gobernado y gobierna la izquierda. Como era previsible, el anuncio de la norma por parte del Gobierno fue previamente caldeado con un informe repleto de sesgos por la filoizquierdista Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública y hoy será coreado a los cuatro vientos en la manifestación jaleada por los actores y actrices y las organizaciones de siempre. Todos contra Madrid, claro.

Seguí de cerca la aprobación de aquella norma que con tanta inquina se pretende hoy tumbar. El PSOE, que entonces era serio, decidió respaldar la misma, encabezado por Ángeles Amador, ex ministra y entonces portavoz sanitaria en el Congreso, en un modélico ejercicio de responsabilidad. No deja de ser curioso que pretenda ahora liquidarla un Gobierno en el que ocupa cartera su hijo, Pablo Bustinduy.